El Senado argentino debatirá este jueves un proyecto de reforma a la Ley de Glaciares, una normativa clave para la protección de los glaciares y ambientes periglaciales del país. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, propone otorgar mayor poder de decisión a las provincias sobre la gestión de estos ecosistemas y habilitar actividades mineras e hidrocarburíferas bajo ciertos criterios, lo que ha generado un intenso debate político y social.

Actualmente, la Ley de Glaciares, sancionada en 2010, establece la protección de todos los glaciares y ambientes periglaciales como reservas estratégicas de recursos hídricos. Sin embargo, la reforma plantea limitar esa protección a aquellos considerados de función hídrica “estratégica”, permitiendo que otros queden fuera del inventario nacional y sean susceptibles de explotación. Según el abogado ambientalista Horacio Franco, "la protección del ambiente no es intangibilidad", y la reforma busca adecuar la ley a la regla constitucional de uso racional de los recursos naturales.

La propuesta ha sido duramente criticada por organizaciones ambientalistas, sectores sociales y partidos de izquierda, quienes advierten que la reforma responde a intereses mineros y de gobernadores de provincias con recursos estratégicos como litio y cobre. La diputada Myriam Bregman denunció que "el proyecto favorece el extractivismo y el saqueo por parte de potencias extranjeras", y que la lucha por la ley fue fruto de la movilización social. En Mendoza, el proyecto minero San Jorge ha reavivado protestas y movilizaciones en defensa del agua.

Por su parte, sectores del gobierno y especialistas sostienen que la reforma busca compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico, en línea con la Constitución Nacional. La Iglesia y referentes culturales han recordado el valor vital y simbólico de los glaciares para la identidad argentina y la vida de millones de personas.

El debate se produce en un contexto de creciente estrés hídrico y presión por el desarrollo minero en Argentina, donde la gestión del agua y los bienes comunes se ha convertido en un tema central de la agenda pública. El resultado de la votación en el Senado podría marcar un punto de inflexión en la política ambiental y de recursos naturales del país.