El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, presentó una apelación ante la Cámara Federal de Tucumán tras el rechazo del juez Sebastián Argibay a su pedido de detención contra Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Ambos dirigentes están acusados de asociación ilícita agravada y lavado de activos, en una causa que investiga transferencias millonarias desde la AFA a empresas presuntamente vinculadas a Toviggino.

Según la fiscalía, la AFA transfirió más de $3.600 millones a sociedades sospechadas de ser "fantasma" o de carecer de justificación económica, lo que constituye un posible indicador de lavado de dinero. El fiscal Simón criticó duramente al juez Argibay, a quien acusó de desestimar el pedido de instrucción en menos de una hora tras regresar de una licencia, sin analizar el extenso requerimiento fiscal. Además, denunció que la defensa habría tenido acceso anticipado al expediente, lo que podría haber facilitado una respuesta rápida y detallada.

La apelación también señala posibles vínculos comerciales entre el juez y familiares de los imputados, lo que motivó un pedido de intervención al Consejo de la Magistratura para investigar la conducta del magistrado. Tras la declaración de incompetencia territorial por parte de Argibay, el expediente fue remitido al juzgado federal de Campana, cuyo titular, Adrián González Charvay, ordenó peritajes sobre los fondos de la AFA y la adquisición de una mansión en Pilar atribuida a Toviggino.

El caso se desarrolla en un contexto de tensión política, donde el Gobierno nacional ha cambiado su postura respecto a la dirigencia de la AFA, generando especulaciones sobre eventuales acuerdos o negociaciones. Mientras tanto, la causa sigue abierta y bajo la mirada de la opinión pública, con potenciales repercusiones institucionales y políticas en el futuro.