Una mujer fue denunciada penalmente en la provincia de Río Negro tras descubrirse que ejercía como médica cirujana con documentación apócrifa desde el año 2020. La acusada, cuya identidad se mantiene en reserva, trabajó en hospitales y clínicas privadas de General Roca y Villa Regina, presentando un título de la Universidad de los Andes de Venezuela y una convalidación de la Universidad Nacional del Comahue, ambos falsificados y certificados por un escribano público.

El caso salió a la luz en marzo de 2026, cuando la mujer intentó acceder a una especialidad en terapia intensiva en la Clínica Roca. Las autoridades del sanatorio detectaron inconsistencias en la documentación y alertaron al área de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de Río Negro. Tras consultar a las universidades involucradas, se confirmó que la acusada no figuraba como egresada ni convalidada en ninguna de ellas.

El Ministerio de Salud provincial suspendió preventivamente la matrícula de la mujer y presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Viedma por presunto ejercicio ilegal de la medicina y falsificación de documentos públicos. "Nos comunicamos con la Universidad del Comahue y nos informaron que no había realizado ninguna conválida ni era egresada de esa casa de altos estudios", explicó Natalia García, secretaria legal del Ministerio de Salud. La Universidad de los Andes también negó que la acusada tuviera un título de médica cirujana.

La investigación reveló que la mujer había trabajado en varios centros de salud, tanto públicos como privados, desde el inicio de la pandemia, aprovechando la urgencia y la falta de controles rigurosos en la verificación de títulos. "Ella no vino con un simple papelito. Tenía toda la documentación bien armada y certificada", agregó García, quien reconoció que el contexto de la pandemia dificultó la detección de la maniobra.

El caso generó alarma en el sistema de salud y abrió un debate sobre la necesidad de reforzar los controles en la matriculación de profesionales. El Ministerio de Salud anunció que colaborará con la Justicia y revisará los procedimientos internos para evitar que situaciones similares se repitan. Se espera que la investigación avance en los próximos días y que la acusada enfrente cargos penales, además de posibles demandas de pacientes atendidos durante su ejercicio ilegal.