El Gobierno argentino, a través de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), anunció la anulación definitiva de las convocatorias PICT 2022 y 2023, que tradicionalmente financiaban proyectos de investigación científica y tecnológica en el país. Esta decisión, que afecta a más de 1.500 proyectos ya evaluados y adjudicados, marca un giro en la política de financiamiento científico, orientando los recursos exclusivamente hacia proyectos con impacto productivo y asociación con empresas privadas.

En reemplazo de las PICT, la Agencia lanzó nuevas líneas de financiamiento: Apoyo a la Investigación Científica (AIC) y STARTUP 2025, dirigidas a sectores como agroindustria, energía, minería y salud. Estas líneas ofrecen montos de hasta 500.000 dólares, pero exigen que los proyectos sean presentados en conjunto con empresas y que los resultados sean transferibles o implementables en el sector productivo. El financiamiento cubrirá hasta el 80% del costo total, requiriendo un aporte privado del 20% o 30%, según la modalidad.

La comunidad científica reaccionó con fuerte repudio a la medida. Referentes como Alberto Kornblihtt y Rodrigo Quiroga advirtieron que la exclusión de la investigación básica y la limitación a proyectos de rápida aplicación constituyen una "sentencia de muerte" para la ciencia argentina. Instituciones y redes de investigadores señalaron que la decisión rompe con décadas de acumulación de capacidades y pone en riesgo la formación de nuevas generaciones de científicos, además de favorecer solo a grandes consorcios y dejar fuera a grupos jóvenes y disciplinas no orientadas al mercado.

El sistema PICT, vigente desde los años 90, era considerado la columna vertebral del financiamiento científico nacional, garantizando evaluación por pares, acceso equitativo y continuidad en la formación de recursos humanos. Con la nueva política, Argentina se convierte en el único país de América sin financiamiento público para ciencia básica, lo que podría provocar una fuga de cerebros y la pérdida de capacidades estratégicas.

El gobierno, por su parte, sostiene que la nueva orientación busca potenciar la innovación y la transferencia tecnológica, alineando la investigación con las necesidades del sector productivo. Sin embargo, la comunidad científica considera que la medida es insuficiente y excluyente, y advierte sobre las consecuencias negativas para el desarrollo científico y tecnológico del país.