El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, extendió en octubre de 2025 el contrato con la empresa TourProdEnter, propiedad de Javier Faroni y Erica Gillette, hasta el año 2030. Esta prórroga, realizada catorce meses antes del vencimiento original, amplió las facultades de la firma, que pasó de ser agente comercial y de cobro a administrar los pagos de la AFA en el exterior. La decisión no fue comunicada oficialmente ni registrada en las actas del comité ejecutivo ni en la asamblea ordinaria, lo que generó sospechas y abrió una investigación judicial.

El contrato original, firmado en diciembre de 2021, otorgaba a TourProdEnter una comisión del 30% sobre todos los ingresos y un 10% adicional por logística, lo que le permitió embolsar cerca de 300 millones de dólares provenientes de sponsors, derechos televisivos y partidos amistosos. El nuevo acuerdo mantuvo estos porcentajes, pero sumó nuevas facultades, permitiendo a la empresa operar pagos en dólares y transferencias a cuentas indicadas por la AFA, incluso mediante bonos de deuda soberana argentina.

El fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff, tras analizar los balances de la AFA desde 2022, detectó omisiones significativas respecto al vínculo con TourProdEnter y transferencias millonarias a empresas fantasma radicadas en Estados Unidos. "La concentración de los fondos en un reducido grupo de destinatarios y la reiteración de operaciones durante un período prolongado permiten sostener que la ausencia, en los balances de la AFA, de los movimientos de dinero que traficaron por cuentas de TourProdEnter LLC, tuvo el fin de evitar la trazabilidad del dinero y posibles desvíos", afirmó el fiscal en su dictamen.

La investigación, que involucra a la Justicia argentina y a fiscales estadounidenses, apunta a esclarecer el destino de al menos 57 millones de dólares transferidos a diez empresas fantasma. El caso impacta directamente en los clubes argentinos y podría tener consecuencias legales de gran alcance. Mientras tanto, la AFA ha negado irregularidades, aunque evitó referirse a la prórroga del contrato. El futuro de la causa depende ahora de decisiones judiciales tanto en Argentina como en Estados Unidos, en un contexto de creciente escrutinio sobre la administración de los fondos del fútbol nacional.