Manuel Adorni, jefe de Gabinete, enfrenta una nueva controversia tras la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien lo acusa de presunto enriquecimiento ilícito. El foco de la denuncia es la adquisición de una vivienda en el Country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, en noviembre de 2024. Según documentación catastral, Angeletti figura como única titular del lote 380, mientras que las expensas mensuales, que ascienden a $699.637, también están a su nombre.

La polémica surge porque la propiedad no figura en la última declaración jurada de Adorni ante la Oficina Anticorrupción, donde solo reportó un departamento en Parque Chacabuco y otro en La Plata. La ley exige que los funcionarios declaren los bienes de sus cónyuges, aunque el anexo reservado con estos datos no es de acceso público salvo requerimiento judicial. Pagano solicitó a la Justicia y a organismos oficiales que investiguen la titularidad, permisos de obra y origen de los fondos utilizados para la compra y remodelación de la vivienda.

El valor de las casas en el country oscila entre USD 129.000 y USD 249.000, con expensas mensuales que incluyen el uso de instalaciones deportivas y servicios de seguridad. La denuncia también menciona la presencia habitual de Adorni en la zona y la utilización de una camioneta declarada a su nombre.

El Gobierno evitó hacer comentarios públicos sobre el caso, aunque el presidente Javier Milei respaldó formalmente a Adorni. Por su parte, la diputada oficialista Lilia Lemoine minimizó la controversia, describiendo la propiedad como una casa reformada en un country de clase media. El entorno de Adorni sostiene que no existe ninguna irregularidad y que toda la información está a disposición de la Justicia.

Esta denuncia se suma a otras polémicas recientes que involucran a Adorni, como el uso de vuelos oficiales y la participación de su esposa en giras presidenciales. El caso pone nuevamente en debate la transparencia patrimonial de los funcionarios y la necesidad de controles más estrictos sobre la declaración de bienes y el origen de los fondos utilizados en operaciones inmobiliarias.