El juicio oral contra Leonardo Airaldi, ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante y presunto líder de una organización narco, fue postergado para el 3 de marzo tras la revelación de un plan para asesinar al juez federal Leandro Ríos, al fiscal Ignacio Candioti y al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. La defensa de Airaldi solicitó la prórroga alegando la necesidad de más tiempo para analizar el voluminoso expediente y planteó el arresto domiciliario por razones humanitarias, aunque la Justicia solo accedió a la postergación del debate.

La investigación determinó que Airaldi, detenido desde 2024, habría contratado sicarios uruguayos por 40 mil dólares para ejecutar los asesinatos, con el objetivo de evitar el juicio en su contra. El plan fue denunciado por Gustavo "Tavi" Celis, otro interno de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú y antiguo socio de Airaldi, lo que permitió a las autoridades desactivar el complot antes de que se concretara. Tras la denuncia, se reforzó la seguridad de los funcionarios amenazados y se inició una causa paralela para investigar el atentado frustrado.

Airaldi está acusado de liderar una banda dedicada al tráfico de estupefacientes, con operaciones en Diamante, Paraná y conexiones con bandas como Los Monos y Mameluco Villalba. Según el ministro Roncaglia, el acusado habría utilizado su fortuna y contactos para operar con aparente impunidad, contando con posibles complicidades políticas y policiales. "Se creía intocable porque tenía amigos en la política y la policía", afirmó Roncaglia.

El caso generó preocupación en el ámbito judicial y político, con asociaciones de magistrados y fiscales reclamando mayores medidas de protección. Mientras tanto, la Justicia federal revisa la seguridad de las próximas audiencias y la provincia impulsa el traslado de Airaldi a una cárcel federal de máxima seguridad. El juicio por narcotráfico seguirá su curso, mientras la investigación sobre el atentado continúa en paralelo, en un contexto de creciente violencia y penetración del narcotráfico en estructuras estatales.