En 2025, los juicios por crímenes de lesa humanidad en Argentina alcanzaron cifras inéditas en cuanto a absoluciones y consolidaron la tendencia al arresto domiciliario para la mayoría de los condenados. Según el informe anual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, este año se dictaron 19 sentencias, con 55 absoluciones y 37 condenas, lo que representa el mayor número de absoluciones desde la reapertura de los procesos en 2006.

Desde entonces, 1.208 personas han sido condenadas y 247 absueltas en un total de 357 sentencias. El informe destaca que el 83% de los condenados y el 90% de los procesados cumplen sus penas bajo arresto domiciliario, mientras que solo 19 militares permanecen en cárceles comunes. Además, apenas el 45% de quienes cumplen arresto domiciliario cuentan con dispositivos electrónicos de control.

El relevamiento también señala que actualmente existen 706 causas en trámite, involucrando a 3.875 personas investigadas. De ellas, 1.565 atraviesan el proceso en libertad, 515 están detenidas, 33 permanecen prófugas y 1.762 han fallecido, la mayoría antes de recibir sentencia.

Entre los juicios más relevantes de 2025 se encuentran las causas “La Huerta”, con 8 condenas y 27 absoluciones, y “Pellegrini”, con 17 absoluciones, ambas en los tribunales orales federales de Mar del Plata y Rosario, respectivamente. Estos procesos han sido objeto de críticas por parte de familiares de víctimas y organismos de derechos humanos, quienes advierten sobre el impacto de las absoluciones y la falta de condenas firmes.

El informe de la Procuraduría subraya que el 52% de las sentencias dictadas desde 2006 aún tiene instancias recursivas pendientes ante la Cámara Federal de Casación y la Corte Suprema. El promedio de tiempo desde la elevación a juicio hasta la sentencia firme es de 6 años y 2 meses, con la mayor parte de la demora concentrada en la etapa recursiva.

La tendencia al arresto domiciliario se consolidó desde 2016, en un contexto de cambios en las políticas de derechos humanos y cuestionamientos al accionar judicial. El proceso de justicia por delitos de lesa humanidad, iniciado tras la anulación de las leyes de impunidad, enfrenta hoy el desafío de garantizar la efectividad de las condenas y la reparación a las víctimas, en medio de demoras y cuestionamientos sobre la solidez de los fallos.