La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió suspender todas las demandas y procedimientos judiciales relacionados con el juicio por la expropiación de YPF, otorgando un respiro clave a la Argentina mientras se define la apelación sobre el fallo que la condenó a pagar USD 18.000 millones. La decisión, tomada tras un pedido formal de la Procuración del Tesoro argentino, implica que ningún tribunal podrá avanzar con medidas procesales, investigaciones o ejecuciones de sentencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

El Gobierno argentino celebró la medida como un "hito histórico y sin precedentes" en la defensa de los intereses nacionales. En un comunicado firmado por el presidente Javier Milei, se destacó el trabajo conjunto de la Secretaría Legal y Técnica, la Procuración del Tesoro, la Secretaría de Justicia y la Cancillería, subrayando que la estrategia jurídica actual se caracteriza por su rigor técnico y responsabilidad institucional.

La suspensión afecta principalmente a Burford Capital, el principal demandante en el caso, que había impulsado acciones para acelerar el pago y ampliar la investigación sobre activos argentinos. Ahora, todas esas iniciativas quedan en pausa hasta que la Cámara de Apelaciones decida si corresponde mantener, modificar o revocar la sentencia original dictada por la jueza Loretta Preska en 2023.

El litigio por la expropiación de YPF, iniciado en 2012, ha significado un alto costo económico, jurídico y reputacional para Argentina. La resolución de la Cámara no implica un pronunciamiento sobre el fondo del pleito, pero impide nuevas acciones judiciales hasta que se tome una decisión definitiva, lo que podría demorar entre seis y doce meses según estadísticas del tribunal.

Analistas señalan que la suspensión podría anticipar una pronta resolución de la cuestión de fondo, aunque no hay plazos establecidos para el fallo final. El Gobierno argentino reafirmó su compromiso de utilizar todas las herramientas jurídicas disponibles para proteger los derechos soberanos y los intereses de sus ciudadanos, mientras que los demandantes deberán esperar la decisión de los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson.