La Corte ordenó avanzar contra el gremio de los Moyano por el bloqueo a una empresa
• La Corte Suprema ordenó avanzar con el juicio oral contra dirigentes camioneros por el bloqueo a Química Oeste en 2021. • El caso había sido sobreseído, pero ahora se reabre tras reclamos empresariales. • Impacto en derechos laborales y empresariales.



La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó avanzar con el juicio oral contra dirigentes del Sindicato de Camioneros por el bloqueo realizado en mayo de 2021 en la planta de Química Oeste, ubicada en Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. El conflicto se originó cuando un grupo de sindicalistas, identificados con la delegación Monte Grande, impidió el ingreso y egreso de camiones y trabajadores durante varios días, en reclamo por el encuadramiento laboral de los empleados y la elección de delegados sindicales.
Según la denuncia presentada por el empresario Carlos Dos Reis, el bloqueo comenzó el 10 de mayo de 2021 y se extendió hasta el 18 de mayo, afectando gravemente la actividad de la empresa y sus clientes. La empresa reportó pérdidas millonarias y el sector petrolero también se vio perjudicado por la falta de insumos. La abogada María Florencia Arietto, representante legal de Química Oeste, calificó el hecho como un “reclamo laboral inventado” y denunció extorsión, turbación de la propiedad e impedimento de trabajo contra los manifestantes.
En instancias previas, el Juzgado de Garantías N°2 de Lomas de Zamora había elevado la causa a juicio, pero la Cámara de Apelación revocó la decisión y dictó el sobreseimiento de los imputados, al considerar que no se había demostrado la existencia de conductas violentas y amenazantes. La querella apeló sin éxito ante el Tribunal de Casación Penal y la Suprema Corte bonaerense, hasta que la Corte Suprema nacional resolvió reabrir el caso, citando el antecedente “Uzcátegui Matheus” sobre la omisión de tratamiento adecuado de derechos constitucionales.
El fallo de la Corte Suprema, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sostiene que las instancias previas hicieron una interpretación arbitraria del derecho de huelga y omitieron analizar de manera adecuada los derechos constitucionales en juego, como el de trabajar y ejercer una industria lícita. Con esta resolución, la causa deberá continuar su trámite con miras al juicio oral, marcando un precedente en la interpretación de los límites legales de las protestas sindicales y el uso de bloqueos como herramienta gremial.
Hasta el momento, no se han registrado reacciones oficiales por parte del gremio camionero. El fallo se produce en un contexto de debate sobre la legislación laboral y el derecho a huelga en Argentina, y podría tener implicancias en futuros conflictos gremiales y empresariales.
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