La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Inspección General de Justicia (IGJ) se encuentran en el centro de una controversia institucional que pone en juego la jurisdicción y el control legal sobre la entidad que rige el fútbol nacional. El conflicto se desató luego de que la IGJ solicitara la designación de veedores para revisar la documentación contable, financiera y contractual de la AFA, citando presuntas irregularidades por cifras cercanas a los 111 millones de dólares y la falta de entrega de balances y documentación sobre una universidad anunciada por la asociación.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, rechazó el pedido y calificó la medida como una "operación política" impulsada por el Gobierno nacional. Tapia argumentó que la asociación trasladó su sede al partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, y que, por lo tanto, la IGJ carece de competencia para intervenir en sus asuntos. "La solicitud de veedores constituye una avanzada política y apelamos al pueblo de la Nación en defensa de nuestra autonomía institucional", expresó Tapia en un comunicado.

Sin embargo, Daniel Vítolo, titular de la IGJ, refutó la validez del traslado y aseguró que la AFA sigue bajo la órbita del organismo nacional, ya que no se completaron las formalidades legales necesarias para cancelar la inscripción anterior. Vítolo señaló: "Las propias normas de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia indican que para que el cambio de jurisdicción sea efectivo debe acreditarse la cancelación de la inscripción anterior; y la AFA no cuenta con cancelación de inscripción en la IGJ". Además, cuestionó la veracidad del domicilio declarado en Pilar y mencionó que inspecciones y constancias periodísticas demuestran que la sede no está operativa en la dirección informada.

Por su parte, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense sostiene que la inscripción registral del cambio de jurisdicción es válida y que, desde ese momento, la IGJ perdió competencia sobre la AFA. El fundamento jurídico se apoya en el artículo 157 del Código Civil y Comercial de la Nación y en el diseño federal de competencias previsto en la Constitución Nacional.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires intervino en el debate, señalando que la declaración indagatoria es un acto procesal de defensa y no una sanción, y criticó la suspensión de actividades deportivas como reacción frente a decisiones judiciales. "Desnaturalizar el significado jurídico de la declaración indagatoria no contribuye al fortalecimiento de la legalidad", afirmó el directorio del Colegio.

El conflicto suma así un nuevo capítulo en la relación entre el poder regulatorio del Estado y la conducción del fútbol argentino, con posibles derivaciones judiciales si la AFA persiste en desconocer la competencia de la IGJ. El caso pone de relieve la tensión entre autonomía institucional y control estatal, en un contexto marcado por antecedentes de intervenciones y disputas políticas en el ámbito deportivo.