La industria argentina atraviesa una crisis energética agravada por la ola polar que afecta a gran parte del país. En los últimos días, numerosas fábricas, especialmente en Tucumán y el norte argentino, sufrieron cortes de gas que paralizaron la producción y generaron preocupación en el sector empresarial. El ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, anunció que tras gestiones con la Secretaría de Energía y empresas del sector, se reasignó gas desde centrales térmicas para abastecer a las industrias azucareras y citrícolas locales. Sin embargo, Abad advirtió que "cada empresa deberá negociar las condiciones, la cantidad, el volumen y el tiempo de provisión" directamente con los proveedores, en un contexto de precios elevados y condiciones comerciales cambiantes.

La situación se agravó por la decisión del Gobierno nacional de dejar de intervenir como proveedor de última instancia, lo que trasladó la responsabilidad de garantizar el suministro al sector privado. Según fuentes del mercado, las pymes industriales, que dependen de las mismas redes que abastecen a los hogares, enfrentan la disyuntiva de pagar precios internacionales por el gas natural licuado (GNL) o detener la producción. El precio del GNL importado alcanzó valores de hasta US$27 por millón de BTU, muy por encima de los precios domésticos, lo que generó fuertes críticas de cámaras empresarias.

La Unión Industrial de Tucumán expresó su "profunda preocupación" y reclamó reglas claras y previsibilidad para el sector. "La industria no puede producir en la ley de la jungla energética", afirmó la entidad, mientras que la Unión Industrial de Córdoba calificó el escenario como "crítico" para las pymes. Desde Salta, empresarios reportaron recortes totales de suministro y la necesidad de recurrir al mercado spot, donde los precios también son elevados.

Analistas señalan que el problema de fondo radica en la falta de obras de infraestructura y transporte de gas, cuya solución definitiva se prevé recién para 2028. Mientras tanto, la normalización de las reglas contractuales y la ausencia de intervención estatal exponen tensiones comerciales y desigualdades regionales en el acceso al gas. El sector industrial advierte que, de no mediar cambios estructurales, la situación podría repetirse en los próximos inviernos, afectando la producción, el empleo y la competitividad del país.