La escribana Adriana Nechevenko se convirtió en el centro de atención judicial y mediática tras declarar como testigo en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. Nechevenko, con más de 40 años de trayectoria y sin antecedentes judiciales, fue citada por el fiscal Gerardo Pollicita para explicar su participación en las operaciones inmobiliarias que permitieron a Adorni adquirir un departamento en Caballito y una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Según su testimonio, la compra del departamento de Caballito se realizó mediante una hipoteca contra saldo de precio, mientras que la adquisición de la casa en el country se concretó con un préstamo de 100.000 dólares, más 20.000 dólares propios, y la constitución de una hipoteca sobre una vivienda anterior. Nechevenko aseguró que el dinero era de origen legal y que, aunque conoce a Adorni desde hace más de dos décadas, no mantiene una relación de amistad con él.

La investigación judicial, iniciada por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, se intensificó en los últimos días. El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, y citó a declarar a varios testigos, entre ellos el portero del edificio de Caballito, la martillera Natalia Rucci y Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las vendedoras del departamento. El valor declarado de los inmuebles, la modalidad de financiamiento y la participación de terceros han generado sospechas sobre posibles maniobras irregulares.

Nechevenko fue requerida para presentar su teléfono móvil ante la Justicia, pero no lo entregó, argumentando que no lo tenía consigo en el momento de la citación. Posteriormente, regresó voluntariamente a los tribunales para aportar documentación adicional sobre las operaciones.

Mientras la causa avanza, las partes involucradas defienden la legalidad de las transacciones. Las vendedoras del departamento negaron conocer a Adorni y la inmobiliaria sostuvo que la operación se realizó conforme a los valores de mercado. Sin embargo, la Justicia continúa profundizando la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, en un contexto de creciente escrutinio público sobre la transparencia de los funcionarios.