El femicidio de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 en Río Cuarto, Córdoba, ha vuelto a ocupar la agenda pública tras la decisión de someter a juicio político a los tres fiscales que llevaron adelante la investigación inicial. Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro serán juzgados por mal desempeño y negligencia grave, según la denuncia presentada por la familia Macarrón-Dalmasso.

Facundo Macarrón, hijo de la víctima, expresó su indignación por el accionar de los fiscales: “Son unos burros, cometieron barbaridades y tienen que ser destituidos”, afirmó en declaraciones a medios nacionales. Sostuvo que la investigación estuvo plagada de prejuicios sociales y presión mediática, lo que derivó en imputaciones infundadas tanto contra él como contra su padre, Marcelo Macarrón. “A los fiscales se les permitió acusarme porque soy gay. Esa acusación fue por un prejuicio social que hoy no se ve tanto, pero en esa época el fiscal Di Santo usó para vincularme con el crimen de mi madre”, relató Facundo.

El parquetista Roberto Bárzola, señalado por pruebas de ADN y por informes del FBI y peritos forenses, fue sobreseído en octubre de 2025 por prescripción de la causa. La familia Macarrón considera que la falta de investigación oportuna y la omisión de pruebas clave constituyen violencia institucional. “Ellos no fueron capaces a los 30 días de atrapar al asesino de mi mujer, es injusto todo”, lamentó Marcelo Macarrón, quien también fue procesado y luego absuelto en un juicio oral.

La abogada de la familia, Mariángeles Mussolini, espera que la apelación ante Casación siente jurisprudencia y permita reabrir la causa, a pesar de la prescripción. El jury a los fiscales es visto como un acto democrático, pero la familia insiste en que no es suficiente para reparar el daño causado por casi dos décadas de errores judiciales. El caso Dalmasso se ha convertido en un símbolo de las deficiencias del sistema judicial argentino y de la necesidad de reformas profundas para evitar nuevas injusticias.