El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires dictó una serie de fallos que marcan un cambio decisivo en la actualización de indemnizaciones laborales y civiles, consolidando su rol como máxima instancia revisora tras la decisión de la Corte Suprema en el caso "Levinas". A partir de ahora, las indemnizaciones por accidentes laborales deberán actualizarse por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), incluso para hechos anteriores a 2019, dejando atrás la práctica de ajustar por inflación o tasas bancarias que generaban montos excesivos y disparidad en los fallos.

La decisión del TSJ responde a la necesidad de previsibilidad y seguridad jurídica, reclamada por empresarios y actores políticos, y afecta a más de mil causas actualmente en trámite en la justicia porteña. En el ámbito civil, el tribunal estableció que las obligaciones de valor deben ajustarse a una tasa pura del 8% anual, sin otros parámetros de actualización, replicando la doctrina fijada por la Corte Suprema en el caso "Barrientos".

El fallo fue firmado por los jueces Inés Weinberg, Marcela De Langhe, Santiago Otamendi, con la concurrencia de Luis Lozano y la disidencia de Alicia Ruiz. La medida fue celebrada por el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, quien destacó que "este fallo le pone un freno claro y directo a las mafias de los juicios laborales" y consideró que es "un paso clave para terminar con la industria del juicio, que destruye el empleo y lo precariza". Empresarios como Guillermo Dietrich también apoyaron la decisión, señalando que "la principal reforma laboral necesaria es evitar la industria del juicio que se apoya en la discrecionalidad de las indemnizaciones".

Sin embargo, la resolución no está exenta de controversias. Persisten tensiones institucionales, ya que la justicia nacional resiste la intervención del TSJ y cuestiona su competencia en la revisión de fallos laborales. Esta fractura institucional genera incertidumbre sobre la ejecución de las sentencias y prolonga los litigios, afectando tanto a empleadores como a trabajadores.

El debate sobre la reforma laboral y la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad sigue vigente, mientras el TSJ busca consolidar criterios uniformes que aporten mayor previsibilidad al sistema judicial. Las implicaciones futuras dependerán de la capacidad de las instituciones para superar las diferencias y garantizar la aplicación efectiva de los nuevos parámetros establecidos.