El Gobierno nacional confirmó la finalización del programa Volver al Trabajo, una medida que afecta a más de 900 mil personas en todo el país. El anuncio, realizado por el Ministerio de Capital Humano, implica el cierre de un esquema de transferencias directas que hasta ahora representaba un ingreso mensual de 78.000 pesos para trabajadores informales, monto que permanecía congelado desde 2023.

La nueva estrategia oficial apunta a transformar la asistencia social en incentivos para la capacitación y la inserción laboral. Según informaron fuentes oficiales, los ex titulares del programa podrán acceder a vouchers o ayudas económicas destinadas a cursos de formación vinculados a oficios o sectores con demanda. Sin embargo, estos beneficios no serán automáticos: los interesados deberán inscribirse en propuestas específicas y su acceso dependerá de la disponibilidad y características de cada programa.

La decisión generó incertidumbre entre los beneficiarios y críticas de organizaciones sociales. Osvaldo Lucero, referente de Barrios de Pie en Junín, advirtió que "esto es un golpe más en una situación ya crítica" y cuestionó la falta de información sobre la implementación de los nuevos mecanismos. "Se habla de capacitaciones como contraprestación, pero no hay nada oficial", señaló.

El impacto del ajuste es especialmente fuerte en las mujeres, que representan cerca del 70% de los beneficiarios y sostienen tareas comunitarias en comedores y espacios de cuidado. Organizaciones como la UTEP y el Polo Obrero denunciaron que la eliminación del programa profundiza la precarización y la pobreza en los barrios populares. "No se puede ajustar sobre los que menos tienen y sostienen la economía en los barrios", expresaron voceros de la UTEP tras una reunión en el Congreso.

El programa Volver al Trabajo había surgido como respuesta a la Ley de Emergencia Social de 2016 y fue fundamental durante la pandemia. Su eliminación se produce en un contexto de recesión, aumento de la informalidad y pérdida de poder adquisitivo. Mientras el Gobierno defiende el cambio de enfoque como una vía para reducir la dependencia de planes sociales, crecen las protestas y la preocupación por el futuro de los sectores más vulnerables. El debate sobre el rumbo de la política social y la necesidad de generar empleo genuino continúa abierto en la agenda pública.