El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, evalúa la implementación de un programa de "pasaporte dorado" que permitiría a extranjeros obtener la ciudadanía argentina a cambio de inversiones millonarias. Según reportes del Financial Times y medios locales, la iniciativa contempla dos vías principales: una donación no reembolsable de 500.000 dólares o la compra de bonos soberanos "cupón cero" por un millón de dólares. El objetivo central es captar divisas frescas para fortalecer las reservas y afrontar los vencimientos de deuda que enfrenta el país en los próximos años.

Fuentes oficiales citadas por diversos medios aclaran que el proyecto aún está en estudio y sujeto a modificaciones, aunque podría anunciarse antes de fin de año. El Ministerio de Economía, consultado por la prensa, evitó confirmar la medida. De concretarse, Argentina se convertiría en uno de los países más grandes en ofrecer ciudadanía por inversión, permitiendo a los beneficiarios viajar sin visa a cerca de 170 países, una ventaja superior a la de otros programas similares vigentes.

El plan ha generado interés entre consultores internacionales y empresarios de alto perfil, como Peter Thiel, quien reside temporalmente en Buenos Aires y es señalado como un promotor informal de la iniciativa. "Simplemente no hay nada como Argentina en el mercado de ciudadanía por inversión", afirmó Eric Major, director ejecutivo de Latitude Group. David Lincoln, de Lincoln Global Partners, destacó el atractivo de la ubicación geográfica argentina y su distancia de los principales focos de conflicto internacional.

Sin embargo, la propuesta enfrenta críticas y desafíos legales. Organizaciones que promueven la transparencia y expertos en migración advierten sobre riesgos de seguridad, lavado de dinero y daño reputacional. Paula Carello, abogada migratoria, sostuvo que "los riesgos probablemente superan los beneficios para un país del tamaño y perfil de la Argentina". Además, la reforma legal necesaria para implementar el programa enfrenta impugnaciones judiciales, ya que la Constitución otorga al Congreso la competencia exclusiva sobre la legislación en materia de ciudadanía.

El contexto internacional también es relevante: la Unión Europea prohibió estos programas en 2024, y países como Malta, Chipre y Bulgaria los eliminaron por considerarlos de alto riesgo. A pesar de las controversias, el gobierno argentino busca alternativas para captar capitales tras años de restricciones en los mercados internacionales y volatilidad económica. El futuro del programa dependerá de la resolución de los desafíos legales y del debate público sobre sus implicancias.