Rectores y autoridades de universidades públicas de todo el país se reunieron este viernes en Rosario, en el marco del 94° Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria. El encuentro, que congregó a más de 3.000 participantes entre docentes, investigadores y estudiantes, tuvo como eje central el análisis de la crítica situación presupuestaria que atraviesa el sistema universitario argentino y la defensa de la ley de Financiamiento universitario, recientemente sancionada por el Senado.

La preocupación principal de los rectores radica en el posible veto presidencial a la ley, lo que pondría en riesgo el funcionamiento de las universidades en 2026. Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), señaló: “Todo el sistema atraviesa una situación muy delicada. La ley de Financiamiento resuelve esos problemas”. Por su parte, Oscar Alpa, presidente del CIN, advirtió que sin la aprobación del presupuesto nacional será “muy difícil abrir las puertas” el próximo año lectivo.

El evento también sirvió para debatir sobre la modernización del sistema universitario, la incorporación de nuevas carreras y el impacto de la inteligencia artificial en la educación superior. Más de 1.200 trabajos académicos fueron presentados en conferencias y mesas de trabajo, reflejando el compromiso de la comunidad universitaria con la innovación y la calidad educativa.

La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, y autoridades locales expresaron su apoyo a la universidad pública y la legitimidad de los reclamos. Scaglia afirmó: “Defendemos siempre la universidad pública y consideramos legítimo el reclamo que llevan adelante”.

El sistema universitario argentino, reconocido por su gratuidad y acceso irrestricto, enfrenta un desfinanciamiento histórico y la renuncia masiva de docentes por bajos salarios, lo que afecta la calidad educativa. El debate sobre la sostenibilidad y transparencia en el uso de fondos universitarios se intensifica, mientras se planea una nueva marcha federal universitaria para septiembre en defensa de la educación pública.

La comunidad universitaria reafirmó su compromiso con la transformación y la defensa de la universidad pública como motor de inclusión y desarrollo, en un contexto de profundos cambios sociales, políticos y económicos que exigen nuevas respuestas desde la educación superior.