La reciente filtración de audios atribuidos a Karina Milei y Diego Spagnuolo, presuntamente obtenidos dentro de la Casa Rosada, ha generado una fuerte controversia política en Argentina. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció públicamente la posible intervención de servicios de inteligencia rusos, venezolanos y bolivianos, vinculando el hecho a una supuesta operación para desestabilizar al gobierno de Javier Milei en plena campaña electoral.

La denuncia, presentada ante la justicia federal por el Ministerio de Seguridad, sostiene que la filtración constituye una "maniobra golpista" destinada a influir en la opinión pública y generar alarma social, especialmente en vísperas de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. El gobierno argumenta que el objetivo sería desestabilizar los principales indicadores políticos y económicos, afectando el proceso electoral. Sin embargo, no se han presentado pruebas concretas que vinculen a Rusia o a otros países con la filtración de los audios.

En respuesta, la embajada de Rusia en Argentina emitió un comunicado oficial rechazando categóricamente las acusaciones. "Rechazamos categóricamente estas acusaciones, considerándolas infundadas y falsas. El deseo de ver 'espías rusos' en cada esquina es irracional y destructivo", afirmó la delegación diplomática, lamentando que su país vuelva a ser mencionado de forma negativa en el contexto de un escándalo político interno. Además, la embajada destacó el compromiso de Rusia con la cooperación bilateral y la voluntad de celebrar el 140º aniversario de relaciones diplomáticas entre ambos países, lejos de "historias de espionaje ficticio".

La crisis interna en el oficialismo se ha agudizado, evidenciando fisuras entre los sectores alineados con Karina Milei y Santiago Caputo, así como preocupación por el impacto electoral de los audios. Expertos en inteligencia y constitucionalistas consultados por diversos medios han cuestionado la solidez de la denuncia y la competencia del Ministerio de Seguridad para investigar estos hechos, señalando que debería ser la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) la encargada de tales investigaciones.

El episodio se produce en un contexto de alta tensión política y económica, con antecedentes de sospechas sobre la presencia de grupos rusos en el país, aunque sin pruebas concluyentes. La embajada rusa ya había desmentido acusaciones similares en junio pasado, reiterando su rechazo a cualquier forma de injerencia en los asuntos internos de Argentina.

Mientras tanto, la oposición kirchnerista es mencionada en la denuncia como parte de una supuesta campaña de desinformación para derrocar al gobierno, aunque sin evidencia concreta. El caso sigue generando repercusiones en el ámbito político e institucional, y se espera que continúe siendo objeto de debate en los próximos días, especialmente ante la proximidad de los comicios nacionales.