La economía argentina atraviesa un momento de contrastes. Mientras los principales indicadores macroeconómicos muestran una mejora significativa, el mercado interno y el bienestar de la población continúan bajo presión. Desde la asunción de Javier Milei, el gobierno ha logrado estabilizar variables clave como la inflación, que tras meses de alzas se desaceleró hasta ubicarse en torno al 30% anual, y alcanzar un superávit comercial récord en mayo, con US$ 3.504 millones, el mayor en dos décadas.

El fortalecimiento de las reservas internacionales y la baja del riesgo país han abierto la posibilidad de acceder a financiamiento externo en mejores condiciones. Sin embargo, estos logros no se han traducido en una recuperación del consumo ni del empleo. Sectores como la agroindustria, la energía y la minería experimentan un crecimiento sostenido, impulsados por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la demanda internacional, pero la industria manufacturera, la construcción y el comercio siguen en retroceso.

Según datos oficiales y empresariales, el consumo masivo acumula cuatro meses consecutivos de caída, con una contracción del 3,3% interanual en abril. Las ventas en shoppings y centros comerciales también muestran números negativos, y el turismo interno se encuentra en uno de sus peores momentos recientes. En paralelo, se han perdido más de 200.000 empleos asalariados en los últimos dos años y los salarios continúan rezagados frente a la inflación, lo que afecta el poder adquisitivo de la mayoría de los argentinos.

El ajuste fiscal implementado por el gobierno se realizó principalmente a través de la reducción del gasto público, evitando aumentos de impuestos. Esta estrategia es valorada por economistas como Guido Sandleris, quien reconoce el mérito de la corrección del desequilibrio fiscal, aunque advierte que el impacto positivo aún no llega a los sectores más afectados, especialmente en los grandes centros urbanos.

El modelo económico vigente ha generado una nueva "grieta" entre los sectores ganadores, orientados a la exportación y con baja generación de empleo, y los perdedores, intensivos en mano de obra y orientados al mercado interno. El debate público se centra ahora en si la mejora de los indicadores macroeconómicos podrá traducirse en beneficios tangibles para la mayoría de la población o si, por el contrario, profundizará la desigualdad y la fragmentación social. De cara a las elecciones de 2027, el gobierno enfrenta el desafío de transformar la estabilidad macro en bienestar generalizado.