La ciudad de La Plata atraviesa una situación de extrema tensión tras una ola de amenazas de tiroteo en escuelas, que ya suma al menos 50 denuncias formales ante la Justicia. El episodio más grave se registró en el colegio Nuestra Señora de Luján, donde un alumno de quinto año asistió armado con una réplica de pistola y un arma de aire comprimido, lo que motivó la activación inmediata de los protocolos de seguridad y la intervención policial.

Según informaron fuentes policiales y educativas, el estudiante fue detectado antes de que pudiera sacar las armas de su mochila. Tras el aviso de los docentes, la policía trasladó al adolescente y a su familia a la comisaría Novena, donde se inició una investigación bajo el protocolo recientemente implementado para estos casos. No se registraron disparos ni heridos, pero el hecho profundizó el clima de temor entre padres, alumnos y personal docente.

La situación se da en un contexto de proliferación de amenazas en la región, con mensajes intimidatorios difundidos a través de redes sociales, pintadas en baños y notas anónimas. Las autoridades han reforzado la presencia policial en las inmediaciones de los establecimientos y han convocado a reuniones urgentes con las familias para informar sobre las medidas adoptadas y contener la preocupación generalizada.

El Ministerio de Seguridad bonaerense y la Dirección General de Escuelas coordinaron acciones para intensificar la prevención y el monitoreo en las instituciones afectadas. Además, la fiscalía UFI Nº 16 centralizará todas las denuncias para agilizar la investigación y buscar posibles conexiones entre los casos, que podrían estar vinculados a retos virales o conductas imitativas tras hechos violentos recientes en el país.

Gremios docentes y padres han reclamado una intervención más activa del Estado y un abordaje integral que contemple tanto la seguridad como la contención psicosocial de los estudiantes. Las autoridades recordaron que toda amenaza, aunque parezca una broma, constituye un delito y puede derivar en sanciones penales para los responsables.

El fenómeno, que ya se ha replicado en otras provincias, mantiene en alerta a la comunidad educativa y plantea el desafío de frenar la escalada, identificar a los responsables y restablecer la tranquilidad en las escuelas.