La cadena de supermercados La Anónima concretó un acuerdo estratégico con Grupo Libertad para operar 12 hipermercados y un centro de distribución en el centro y norte de Argentina, bajo un contrato de alquiler de 30 años. Esta operación, que marca la expansión de La Anónima fuera de la Patagonia, implica la transferencia de aproximadamente 1.600 empleados, quienes mantendrán sus condiciones laborales, antigüedad y beneficios, según confirmaron ambas compañías.

El traspaso de personal será voluntario y se formalizará ante el Ministerio de Trabajo de cada provincia involucrada. Fuentes del sector estiman que la mayoría de los empleados aceptará continuar bajo la nueva gestión, dado que se respetarán los términos vigentes al momento de la transferencia. Sin embargo, el futuro de unos 200 empleados de áreas administrativas y de dos sucursales, ubicadas en Mendoza y Resistencia, permanece incierto, ya que no fueron incluidos en el acuerdo. Grupo Libertad deberá decidir si reubica a estos trabajadores en otras áreas o procede a desvincularlos.

La operación se produce en un contexto desafiante para el sector supermercadista, caracterizado por una caída sostenida del consumo y un aumento de los costos operativos, especialmente por la suba de tasas municipales. A pesar de este panorama, La Anónima apuesta a una expansión estratégica, motivada por el bajo costo del alquiler (inferior al 2% de las ventas mensuales) y la expectativa de una mejora en el mediano plazo.

El presidente de La Anónima, Federico Braun, destacó que "este acuerdo nos abre una oportunidad única de crecimiento y expansión en una región donde La Anónima casi no tenía presencia". Por su parte, Carlos Calleja, vicepresidente de Grupo Libertad, expresó su confianza en que "se generarán nuevas oportunidades para colaboradores, proveedores y clientes".

Mientras tanto, los gremios han manifestado su preocupación por la situación de los empleados excluidos del traspaso, especialmente en las áreas administrativas, donde se anticipan al menos 100 despidos. La transición, que comenzará formalmente el 1 de junio de 2026, será monitoreada por las autoridades laborales para garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores.

La reconfiguración del mapa supermercadista argentino refleja tanto la búsqueda de eficiencia y rentabilidad de las empresas como los desafíos que enfrenta el sector en un contexto económico adverso. El desenlace para los empleados no incluidos en el acuerdo dependerá de las decisiones que adopte Grupo Libertad en los próximos meses.