Mateo Herrera, joven condenado por el asesinato del periodista Juan Caliani, volvió a ser noticia tras protagonizar una violenta agresión en el barrio La Sirena de Neuquén. El incidente ocurrió el pasado 6 de marzo, cuando un hombre de 50 años, tras atropellar accidentalmente a un perro, fue brutalmente golpeado por Herrera en plena vía pública. La secuencia quedó registrada en cámaras de seguridad y la víctima debió ser trasladada a una clínica por las lesiones sufridas, incluyendo la rotura de un diente y traumatismos en la cabeza y el cuerpo.

Herrera, de 18 años, fue sentenciado a nueve años de prisión por el homicidio de Caliani, ocurrido en 2024 durante un intento de robo. Sin embargo, aún no cumple condena efectiva debido a una impugnación presentada por su defensa, lo que ha generado fuerte malestar en la familia de la víctima y en la comunidad. El hecho de que la agresión se produjera en horario en que Herrera debía estar en su domicilio por orden judicial ha reavivado el debate sobre la eficacia de los controles judiciales y la seguridad pública.

La madre de Caliani, Ana Mercado, expresó su preocupación por la reiteración de conductas violentas y la sensación de impunidad: "Esto confirma lo que venimos denunciando: es una persona peligrosa y en cualquier momento iba a ocurrir algo para lamentar". El abogado querellante, Federico Egea, anticipó que solicitarán la ejecución inmediata de la condena una vez resuelta la instancia judicial pendiente, argumentando que "el nivel de violencia demostrado es muy alto".

El caso ha movilizado a familiares y vecinos, quienes convocaron a una marcha para el 1 de abril, al cumplirse dos años del asesinato de Caliani, exigiendo justicia y mayor seguridad. La situación de Herrera, sumada a la apertura de un comercio por parte de uno de los condenados cerca de la casa de la familia Caliani, ha incrementado el temor y la indignación en el barrio.

El episodio pone en evidencia las dificultades del sistema judicial para garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas y la protección de la comunidad, mientras se aguarda una resolución definitiva sobre la situación de Herrera.