La Cámara de Diputados de la Nación dio inicio al tratamiento de una serie de proyectos destinados a aliviar el sobreendeudamiento de las familias argentinas, un fenómeno que alcanzó niveles récord en los últimos meses. El debate, impulsado principalmente por bloques opositores, se desarrolla en la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por Hugo Yasky (Unión por la Patria), y cuenta con la participación de especialistas y representantes de organizaciones de defensa del consumidor.

Según datos presentados en la comisión, actualmente 4,8 millones de personas enfrentan deudas con más de tres meses de atraso, lo que representa un incremento del 45% respecto a febrero de 2024. La morosidad bancaria se ubica en el 11,2%, mientras que en entidades no financieras alcanza el 29,9%, cifras que reflejan la gravedad de la situación y el impacto de la inflación, la devaluación y las altas tasas de interés sobre los ingresos familiares.

Los proyectos en discusión, cerca de una veintena, proponen diversas alternativas para contener la crisis: desde la refinanciación de deudas y la condonación parcial de intereses punitorios, hasta la declaración de la emergencia crediticia y la creación de fondos de ayuda. También se plantean límites a las cuotas en función de los ingresos y la obligación de las entidades de ofrecer reprogramaciones, así como la suspensión de ejecuciones judiciales y la incorporación de los deudores a regímenes de protección especial.

El avance de estas iniciativas no está garantizado, ya que el oficialismo y sus aliados mantienen mayoría en comisiones clave como Presupuesto y Hacienda. Sin embargo, la oposición busca unificar fuerzas y sumar apoyos, incluso de bloques provinciales, para alcanzar el quórum necesario y llevar el tema al recinto. "Queremos avanzar y lo tenemos que hacer todos juntos. La agenda social es en la que más nos encontramos todos y que el Gobierno dejó de lado", expresó un legislador opositor.

Durante el debate, especialistas y defensores del consumidor advirtieron sobre la insostenibilidad del sistema actual. "La gente tiene voluntad de pago, pero no tiene ingresos para hacerlo", señaló Alejandra Fernández Scarano, del CEPA. Por su parte, el oficialismo pidió cautela y cuestionó la viabilidad legal de algunas propuestas, subrayando la necesidad de un marco normativo sólido.

El tratamiento de estos proyectos se da en un contexto de creciente presión social y política, con la oposición decidida a instalar una agenda propia en el Congreso. El desenlace dependerá de la capacidad de los bloques para alcanzar acuerdos y sortear los obstáculos institucionales, en un escenario donde el sobreendeudamiento familiar se consolida como uno de los principales desafíos económicos y sociales del país.