Una delegación argentina integrada por legisladores nacionales, sindicalistas y referentes sociales fue expulsada de Bolivia tras intentar ingresar al país como veedores de derechos humanos. El incidente ocurrió el 15 de junio de 2026, cuando el grupo arribó al aeropuerto internacional de El Alto con el objetivo de relevar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas y bloqueos que afectan al país andino desde hace más de 40 días.

Según confirmaron fuentes oficiales, las autoridades bolivianas retuvieron a la delegación durante más de seis horas, alegando "inconsistencias" entre los motivos declarados para el ingreso y las actividades anunciadas públicamente. Posteriormente, los visitantes fueron redirigidos a Santa Cruz de la Sierra y, desde allí, enviados de regreso a la Argentina. El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, a través del canciller Pablo Quirno, calificó la misión como "autoproclamada" y confirmó la deportación.

El episodio se produjo en un contexto de alta tensión social en Bolivia, donde los bloqueos de caminos impulsados por sectores campesinos, cocaleros y sindicales han provocado un severo desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos, especialmente en La Paz. Según datos oficiales, existen actualmente 52 bloqueos distribuidos en todo el país, con 20 concentrados en el departamento de La Paz. Las protestas, que comenzaron como reclamos por la derogación de la ley de tierras y mejoras salariales, han derivado en un pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Durante el vuelo de regreso, pasajeros bolivianos increparon a la delegación argentina, reflejando la polarización social que atraviesa Bolivia. "No nos permitieron ingresar a Bolivia. Ya estamos en vuelo volviendo a Argentina", expresó el diputado Juan Marino en sus redes sociales. Por su parte, Evo Morales, ex presidente boliviano, calificó la expulsión como "alarmante" y una señal preocupante para los derechos humanos en la región.

El gobierno boliviano defendió su decisión como un acto de soberanía, mientras que desde la delegación argentina se denunció la falta de acompañamiento y asistencia jurídica por parte de las autoridades nacionales. El incidente se suma a la compleja situación política y social que vive Bolivia, con consecuencias aún inciertas para la estabilidad regional.