El oficialismo argentino atraviesa una de sus semanas más turbulentas tras la aparición de un escándalo que involucra al diputado José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, por sus vínculos con el empresario "Fred" Machado, actualmente detenido y acusado de narcotráfico. La situación ha generado una fuerte crisis interna en el gobierno de Javier Milei y ha impactado de lleno en la campaña electoral.

El caso salió a la luz cuando se conoció que Espert había realizado 35 vuelos en aviones de Machado y recibido fondos por asesorías a una empresa minera vinculada al empresario. Si bien Espert reconoció públicamente estos hechos, aseguró que desconocía las actividades ilícitas de Machado al momento de los contratos y que cortó toda relación al enterarse de su situación judicial. "Nunca pensé en renunciar. Eso es mentira. Soy absolutamente inocente", declaró Espert en una entrevista radial, donde también se mostró visiblemente afectado por el daño a su familia y su imagen pública.

La reacción del oficialismo fue dispar. Mientras algunos integrantes de la mesa política, como Patricia Bullrich, reclamaron explicaciones y presionaron por su renuncia, el presidente Milei optó por respaldar a Espert, convencido de que apartarlo no sería la mejor solución. Sin embargo, la presión de la oposición y de sectores internos persiste, con la posibilidad de que se impulse su remoción de la presidencia de la comisión en la próxima sesión parlamentaria.

El escándalo ha tenido un fuerte eco mediático y en redes sociales, donde el 96% de las menciones sobre Espert y Machado fueron negativas, según datos de consultoras. La situación se agrava en un contexto de inestabilidad económica y política, con el oficialismo buscando alternativas para recuperar la iniciativa, como propuestas de dolarización y alianzas internacionales.

La crisis recuerda a otros episodios recientes en la política argentina que derivaron en renuncias de candidatos, y pone en evidencia las dificultades del gobierno para gestionar sus internas y sostener la campaña. Mientras tanto, la oposición exige transparencia y advierte sobre el impacto institucional y electoral del caso, que amenaza con profundizar la crisis de confianza en el oficialismo.