El Gobierno nacional dio un paso decisivo en su política de privatizaciones al preadjudicar la venta del 100% del paquete accionario de cuatro centrales hidroeléctricas emblemáticas de la región del Comahue: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. La medida, formalizada mediante la Resolución 2059/2025 y publicada en el Boletín Oficial, implica la transferencia de activos estratégicos del sector energético al ámbito privado por un monto total que supera los 700 millones de dólares.

Según lo dispuesto por el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, la firma de los contratos de concesión y transferencia se realizará el 22 de diciembre de 2025 en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro. Los contratos comenzarán a regir una vez que la resolución de adjudicación definitiva sea publicada oficialmente.

Las preadjudicaciones se distribuyeron entre varios consorcios y empresas líderes del sector. Alicurá fue asignada a un grupo encabezado por Edison Inversiones S.A.U., mientras que El Chocón quedó en manos de BML Inversora S.A.U. y socios. Cerros Colorados fue adjudicada nuevamente a Edison Inversiones, y Piedra del Águila a Central Puerto S.A. Las ofertas económicas presentadas por estos grupos superaron los 706 millones de dólares en total.

El proceso de selección incluyó la intervención de la Comisión Evaluadora, la Sindicatura General de la Nación y la Procuración del Tesoro, garantizando la transparencia y legalidad del concurso. Algunas ofertas, consideradas de "precio vil o no serio", fueron desestimadas por las autoridades.

Esta privatización se inscribe en el marco de la ley 27.742, que habilita la venta de activos de Energía Argentina S.A. (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), y responde a la estrategia del Gobierno de Javier Milei de reconfigurar el sector energético nacional. El objetivo declarado es atraer inversiones privadas y mejorar la eficiencia en la generación y comercialización de energía eléctrica.

Desde el sector privado, el CEO de MSU Energy, Manuel Santos Uribelarrea, expresó que "la incorporación de estos complejos refuerza nuestro rol como proveedor estratégico de energía para las industrias argentinas". Por el momento, no se han registrado reacciones públicas de sindicatos o sectores opositores respecto a la medida.

La privatización de estas centrales marca un hito en la política energética argentina y anticipa un escenario de mayor protagonismo del sector privado en la gestión de recursos estratégicos. El impacto de esta decisión se evaluará en los próximos años, a medida que se implementen los nuevos contratos y se observe la evolución de la matriz energética nacional.