Una organización criminal dedicada a estafas financieras y lavado de activos por más de 1,8 billones de pesos fue desarticulada tras una serie de allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. El operativo, denominado “Operación Crypto-Agro”, fue liderado por el Departamento de Cibercrimen de Pergamino y la Fiscalía N°3, con la colaboración de fuerzas federales y provinciales.

La investigación se inició en octubre, luego de la denuncia de un empresario de Pergamino que detectó el uso fraudulento de su identidad para obtener un crédito millonario. A partir de allí, los especialistas en cibercrimen desplegaron análisis forense digital, trazabilidad tecnológica y cruces de información financiera, logrando reconstruir el entramado delictivo.

Según fuentes judiciales, la banda utilizaba documentación apócrifa para abrir cuentas bancarias en distintas sucursales de un banco privado. Con esas cuentas, accedían a préstamos cuyos fondos eran transferidos de inmediato a plataformas de criptoactivos. Posteriormente, el dinero era convertido en activos virtuales y redirigido a billeteras digitales, dificultando el rastreo y la recuperación de los fondos. Para dar apariencia de legalidad, recurrían a terceros que simulaban realizar operaciones de arbitraje con criptomonedas, aunque ninguno estaba inscripto en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, como exige la normativa vigente.

El juez César Solazzi, a cargo del Juzgado de Garantías N°1 de Pergamino, ordenó ocho allanamientos en puntos estratégicos como Puerto Madero, Almagro, Claypole, Ramos Mejía, Villa Luzuriaga, Colón, Rosario, Firmat y General López. Como resultado, tres hombres fueron detenidos y otros dos quedaron imputados. Se secuestraron grandes sumas de dinero, dispositivos electrónicos y documentación relevante para la causa.

Las autoridades destacaron la magnitud y el carácter federal de la maniobra, que afectó principalmente a empresas del sector agropecuario. El Ministerio Público Fiscal remarcó la importancia de la cooperación interinstitucional y el uso de herramientas tecnológicas para combatir delitos complejos. El caso pone en evidencia la creciente sofisticación de las estafas digitales y la necesidad de fortalecer los controles en el sistema financiero argentino.