Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, cumplió este miércoles un año bajo prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución, en Buenos Aires, tras ser condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa conocida como Vialidad. La sentencia, ratificada por la Corte Suprema el 10 de junio de 2025, marcó un hito en la política argentina y profundizó la división dentro del peronismo.

Durante este año, Fernández ha visto restringidas sus actividades y visitas, con una vigilancia electrónica estricta y un entorno familiar y político reducido. Según fuentes cercanas, la exmandataria ha atravesado distintos estados de ánimo, desde la indignación hasta la introspección, y ha limitado sus apariciones públicas, aunque sigue recibiendo muestras de apoyo de militantes y dirigentes.

El peronismo, mientras tanto, enfrenta un debate interno sobre su futuro liderazgo. Aunque Cristina mantiene un nivel de imagen positiva cercano al 40%, similar al del presidente Javier Milei, su situación judicial y la condena han impulsado a otros referentes, como el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a posicionarse como posibles candidatos para las elecciones de 2027. La agrupación La Cámpora, liderada por su hijo Máximo Kirchner, insiste en que la prioridad es la anulación de la condena, mientras otros sectores exploran alternativas menos polarizadoras.

La condena a Fernández es vista por su entorno como un intento de proscripción política, evocando la prohibición del peronismo tras el golpe de 1955. Máximo Kirchner y otros dirigentes han denunciado que las restricciones buscan silenciar a la exmandataria y limitar su participación en el debate público. Por su parte, la defensa de Cristina sostiene que la sentencia fue motivada políticamente y no descarta recurrir a instancias internacionales, aunque la propia exmandataria rechaza la opción de un indulto por implicar el reconocimiento de culpabilidad.

En paralelo, Fernández enfrenta otros procesos judiciales, como las causas Cuadernos, Hotesur-Los Sauces y el Memorándum con Irán, lo que complica aún más su panorama legal y político. La mayoría de estos expedientes se iniciaron durante el gobierno de Mauricio Macri, lo que alimenta las denuncias de persecución política por parte de su entorno.

El aniversario de la prisión domiciliaria de Cristina Fernández reaviva las tensiones en el peronismo y plantea interrogantes sobre el futuro del principal partido opositor, en un contexto de crisis de liderazgo y redefinición estratégica frente al gobierno de Milei.