La Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto de ley que restringe el régimen de subsidios al gas conocido como "Zona Fría", lo que podría derivar en fuertes aumentos tarifarios para millones de usuarios en distintas regiones del país. La iniciativa, que aún debe ser tratada en el Senado, propone volver al esquema original de 2002, limitando los beneficios a la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, y excluyendo a 94 municipios bonaerenses y otras localidades incorporadas en 2021.

Según estimaciones, más de 1,2 millones de hogares en la provincia de Buenos Aires y hasta 3 millones en todo el país perderían los descuentos, enfrentando subas en las facturas de gas que podrían oscilar entre el 40% y el 100%. El actual sistema de subsidios se financia con un recargo del 7,5% sobre el precio del gas para todos los usuarios, pero el fondo resultó insuficiente para cubrir la demanda creciente tras la ampliación de 2021.

La medida ha generado un fuerte rechazo entre intendentes, legisladores y usuarios de las zonas afectadas. La senadora bonaerense Valeria Arata, por ejemplo, presentó un simulador digital para que los vecinos de Junín puedan calcular el impacto en sus facturas, estimando que el sobrecosto mensual para la ciudad superaría los 620 millones de pesos. "Detrás de cada decisión política hay consecuencias reales sobre la vida cotidiana de las personas", advirtió Arata.

Además, el proyecto incluye la condonación de deudas millonarias a grandes distribuidoras eléctricas como Edenor y Edesur, lo que ha sido criticado por sectores opositores y medios regionales, que acusan al gobierno de priorizar a grandes empresas en detrimento de los usuarios residenciales y cooperativas locales.

El debate sobre la "Zona Fría" se produce en un contexto de caída del consumo y dificultades económicas para las familias, lo que intensifica la preocupación por el impacto social de la medida. Dirigentes y legisladores de las regiones afectadas reclaman mayor equidad y transparencia en la definición de los beneficios, así como una estrategia común para defender los intereses de sus comunidades ante el ajuste tarifario.