El Consejo de la Magistratura dio un paso decisivo en la cobertura de las vacantes de la Cámara Federal porteña, tribunal central para la revisión de causas de corrupción y delitos complejos. Tras una extensa sesión, la Comisión de Selección aprobó dos ternas de candidatos para reemplazar a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes habían sido trasladados por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri, en una maniobra luego objetada por la Corte Suprema de Justicia.

El proceso, que estuvo paralizado durante años y fue motivo de denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cobró nuevo impulso bajo la gestión del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el gobierno de Javier Milei. La votación en la Comisión de Selección reflejó la persistencia de tensiones políticas, con tres dictámenes presentados y el del juez Diego Barroetaveña imponiéndose por mayoría. Este dictamen incluyó a Bertuzzi en una de las ternas, junto a otros magistrados y fiscales con experiencia en causas de derechos humanos, violencia de género y delitos económicos.

El plenario del Consejo deberá ahora definir las ternas definitivas, que serán elevadas al Poder Ejecutivo. El ministro de Justicia, con el aval del presidente, seleccionará un candidato de cada terna y enviará los pliegos al Senado para su aprobación. El proceso es seguido de cerca por su impacto en causas de alto perfil y por las denuncias de parcialidad y presiones políticas. Consejeros como Jimena de la Torre subrayaron la necesidad de cumplir con el fallo de la Corte Suprema y avanzar en la cobertura de vacantes, mientras que otros, como Bruglia, objetaron el concurso por supuestas irregularidades y discriminación.

La resolución de este concurso podría redefinir el equilibrio en Comodoro Py, en un contexto de investigaciones sensibles que involucran a funcionarios actuales y exfuncionarios. El avance en la selección de jueces es visto como un paso clave para la estabilidad institucional, aunque persisten dudas sobre la transparencia y la influencia del Poder Ejecutivo en el proceso.