El gobierno nacional enfrenta una compleja encrucijada respecto al futuro de Tecnópolis, el predio de 55 hectáreas ubicado en Vicente López, cuyo mantenimiento representa un gasto mensual de mil millones de pesos para el Estado. Tras la sorpresiva salida de la familia Werthein de la licitación, la administración debe decidir si concede la explotación del predio a dos grupos empresariales con los que mantiene relaciones tensas: el diario La Nación y el empresario Marcelo Fígoli.

La productora Foggia, vinculada a Mara Gorini, mano derecha de Karina Milei, parecía encaminarse a quedarse con la concesión en sociedad con los Werthein. Sin embargo, la familia dueña de DirecTV decidió retirarse de la compulsa, dejando en carrera a La Nación y Fígoli. Ambos actores han tenido desencuentros recientes con el gobierno libertario. En el caso de La Nación, la relación se tensó luego de que el presidente Milei solicitara el despido de periodistas, pedido que fue rechazado por la dirección del diario. "Me tiene que pedir disculpas públicamente", habría comentado Fernán Saguier, aún molesto por el trato recibido.

La oferta de Fígoli, dueño de Fénix, fue inicialmente descalificada por incumplimientos en diez ítems del pliego, pero logró revertir la decisión en la Justicia. Por su parte, La Nación presentó su propuesta a último momento, motivada en parte por un incentivo económico: la empresa Live Nation, reciente compradora de la mitad del Movistar Arena, habría prometido a los dueños del diario un pago extra de 20 millones de dólares si logran adjudicarse el predio.

El proceso de licitación se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno, que no logra cubrir los costos operativos ni con alquileres previos a empresarios cercanos. Además, cualquier reforma o evento en Tecnópolis requiere la autorización del municipio de Vicente López, que por ahora se mantiene al margen y evita pronunciarse sobre el tema.

La resolución de la licitación de Tecnópolis no solo tendrá impacto económico, sino que también podría redefinir las relaciones entre el gobierno y los principales grupos mediáticos y empresariales del país. El desenlace permanece abierto, mientras los actores involucrados adoptan posturas cautelosas ante la complejidad política y financiera del proceso.