Josué Alexis Urquía, de 33 años, fue trasladado este lunes desde Córdoba a Rosario para ser imputado formalmente por un violento robo e intento de abuso sexual ocurrido en diciembre de 2025 en una mueblería del barrio Echesortu. El hecho, que conmocionó a la ciudad, tuvo lugar en un local de la calle Mendoza al 3300, donde una joven empleada fue atacada brutalmente por el sospechoso, quien la golpeó, le fracturó un dedo de una mordida y le robó sus pertenencias antes de huir.

La investigación, a cargo de la fiscal Julia Feldman y la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, permitió identificar rápidamente al agresor gracias a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del comercio y el uso de inteligencia artificial. Urquía, quien ya se encontraba detenido en Córdoba por otro robo, fue vinculado al caso tras un cruce de datos y registros de huellas digitales, que revelaron su historial delictivo bajo al menos 18 identidades diferentes.

Durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la fiscalía formalizó la imputación por robo simple y abuso sexual simple, y el juez dispuso la prisión preventiva efectiva por seis meses, con posibilidad de prórroga. "Entendemos que el plan principal fue cometer un abuso sexual", señaló el fiscal Ramiro González Raggio, quien además advirtió sobre la peligrosidad del acusado, involucrado en delitos contra la propiedad en distintas provincias argentinas.

La víctima, que sufrió lesiones físicas y psicológicas, expresó alivio por la detención, aunque remarcó que "es un peligro" y que la tranquilidad total solo llegará cuando el acusado sea condenado. El caso, ampliamente difundido en redes sociales y medios locales, reavivó el debate sobre la reincidencia delictiva y la seguridad en los comercios de Rosario.

La coordinación entre las fuerzas policiales de Santa Fe y Córdoba, junto con el uso de tecnología avanzada, fue clave para la rápida identificación y detención del sospechoso. El proceso judicial continuará en los próximos meses, mientras la comunidad espera una resolución que aporte justicia y mayor seguridad.