El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, oficializó la concesión de los medios públicos porteños —el Canal de la Ciudad y las radios AM 1110 y FM 92.7— a empresas privadas por un período de cinco años. La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece que los concesionarios deberán gestionar la operación, programación y comercialización de los medios, abonando un canon base de $645 millones para la señal televisiva y $73 millones para las radios.

La decisión fue justificada por el Ejecutivo porteño como parte de una estrategia para reducir el gasto público y aumentar la eficiencia en la gestión de los medios. "No tiene sentido usar los recursos de los porteños para financiar lo que el sector privado puede hacer mejor y sin costarle un peso a los vecinos. El Estado tiene que enfocarse en sus verdaderas prioridades", argumentó Macri en sus redes sociales.

Sin embargo, la iniciativa generó un fuerte rechazo de la oposición política y de los gremios. Legisladores de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda calificaron la medida de "inconstitucional" y anunciaron que presentarán acciones judiciales para frenarla. Graciana Peñafort, legisladora y abogada constitucionalista, sostuvo que la concesión viola el artículo 47 de la Constitución de la Ciudad y la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que prohíbe la delegación de la explotación de medios públicos.

Los sindicatos SUTECBA y SiPreBa también manifestaron su preocupación por el futuro de los 500 trabajadores de los medios públicos, advirtiendo sobre posibles despidos y la pérdida de un patrimonio cultural. "Los medios públicos no son propiedad de ningún Jefe de Gobierno. Son de los vecinos y vecinas de la Ciudad", expresó la legisladora Claudia Neira tras reunirse con representantes gremiales.

El oficialismo, representado por el PRO y La Libertad Avanza, respalda la medida, mientras que otros bloques, como UCR/Evolución, muestran posturas divididas. El pliego de licitación exige a los futuros concesionarios experiencia en el sector y la presentación de planes de inversión, además de mantener un 30% de la programación para contenidos institucionales y de interés público.

El debate sobre la gestión de los medios públicos porteños se da en un contexto de ajuste estatal y presión de sectores libertarios, y revive discusiones históricas sobre el rol del Estado en la comunicación y la cultura. La Radio de la Ciudad, próxima a cumplir 100 años, y el Canal de la Ciudad, creado en 2003, representan parte del patrimonio cultural porteño que, según los críticos, podría verse afectado por la privatización. El desenlace de la medida dependerá de la respuesta judicial y legislativa en las próximas semanas.