El Tribunal Oral Federal N°7 avanzó esta semana en la octava audiencia del juicio oral por la causa Cuadernos, centrando la atención en el tramo conocido como "La Camarita". Este expediente investiga la presunta cartelización de la obra pública vial y el circuito de sobornos que, según la acusación, permitió recaudar más de 30 millones de dólares entre empresarios y funcionarios durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Durante la audiencia, se leyeron las primeras 110 fojas de la acusación, en las que se atribuyen a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ex ministro de Planificación Julio De Vido y a su ex secretario José López, más de 175 hechos de cohecho pasivo. El financista Ernesto Clarens y el empresario Carlos Wagner, ambos imputados y declarados como arrepentidos, aportaron detalles sobre el mecanismo de retornos y sobreprecios en la adjudicación de obras públicas. Wagner relató que el sistema se sostenía a partir de adelantos financieros y certificados de obra, con un anticipo habitual del 10% del monto total, del cual se devolvía entre 3% y 5% en sobornos. Clarens, por su parte, explicó que actuaba como receptor exclusivo de los pagos ilegales, cambiando pesos por dólares en el mercado informal.

La acusación, de más de 420 páginas, destaca la promiscuidad entre el poder político y el empresarial, con más de 40 empresarios implicados y 86 imputados en total. La Unidad de Información Financiera (UIF) sostiene que los empresarios eran víctimas de extorsión, pero también beneficiarios del sistema, y que la corrupción política y empresarial se retroalimentan. El juicio, que se realiza de forma virtual, prevé pasar a la presencialidad en 2026, con más de 630 testigos aceptados y una duración estimada de varios años.

El debate sobre la sede de las audiencias refleja tensiones entre el TOF 7 y la Cámara de Casación, mientras el tribunal busca imprimir celeridad al proceso. Cristina Kirchner sigue el juicio desde su domicilio, donde cumple condena por otra causa. El caso "La Camarita" es considerado uno de los más extensos y complejos en materia de corrupción en la historia judicial argentina, exponiendo la relación entre poder político y empresarial en la adjudicación de obras públicas y el funcionamiento de un sistema de retornos ilegales que involucró a decenas de actores clave.