El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, centrada en la compra de propiedades en la Ciudad de Buenos Aires mediante hipotecas privadas y préstamos no bancarios. El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar a cuatro mujeres que figuran como prestamistas en las operaciones inmobiliarias realizadas por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

Según documentos oficiales y registros de la propiedad, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas facilitaron la compra de un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio de Caballito, mediante un crédito hipotecario de USD 200.000, cubriendo el 87% del valor de la operación. El exfutbolista Hugo Morales, anterior propietario del inmueble, declaró que vendió la propiedad a Sbabo y Viegas por USD 200.000 en mayo de 2025, quienes luego la revendieron a Adorni por USD 230.000 en noviembre del mismo año. Morales relató que la venta se realizó rápidamente debido al estado deteriorado del departamento y que recibió el pago en efectivo.

En paralelo, Graciela Molina y Victoria Cancio otorgaron un préstamo de USD 100.000 para la compra de otro inmueble en la avenida Asamblea, también en Caballito. Ambas operaciones fueron certificadas por la escribana Adriana Nechevenko, quien también fue citada a declarar como testigo.

La investigación, impulsada por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, busca determinar si Adorni pudo justificar el origen de los fondos utilizados para adquirir los inmuebles y si su crecimiento patrimonial es compatible con sus ingresos declarados ante la Oficina Anticorrupción. La fiscalía solicitó información adicional sobre la trazabilidad de los fondos, la titularidad de los inmuebles y los movimientos financieros vinculados a Adorni y su esposa.

Las mujeres que figuran como prestamistas han declarado no conocer personalmente a Adorni, lo que llevó a la fiscalía a investigar si actuaron como intermediarias de un tercero. El caso ha generado repercusión mediática y política, poniendo en foco la transparencia y el control del patrimonio de los funcionarios públicos. Se espera que las declaraciones de las prestamistas y de la escribana aporten nuevos elementos para esclarecer el origen de los fondos y la legalidad de las operaciones.