La Argentina enfrenta una creciente presión judicial en Estados Unidos en el marco del litigio por la expropiación de YPF. La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ha exigido la entrega de chats, correos electrónicos y mensajes de funcionarios y exfuncionarios nacionales, como parte del proceso de ejecución de la sentencia que condena al país a pagar más de 16.000 millones de dólares.

El pedido, impulsado por los fondos Eton Park y Petersen y financiado por Burford Capital, apunta a demostrar que empresas estatales como YPF, el Banco Central y Aerolíneas Argentinas funcionan como "alter ego" del Estado argentino. De lograr ese reconocimiento, los demandantes podrían avanzar con embargos sobre bienes de esas entidades para cobrar la deuda.

Funcionarios clave, entre ellos el ministro de Economía Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno, se negaron a entregar sus comunicaciones, amparándose en la legislación argentina que protege la privacidad de los datos personales. Otros exfuncionarios, como Sergio Massa, tampoco respondieron a los requerimientos. El Gobierno argentino argumenta que la entrega de dispositivos debe ser voluntaria y que ya se han realizado entregas parciales de información a medida que los funcionarios aceptaron colaborar.

La jueza Preska, sin embargo, ha mostrado su descontento ante las demoras y advirtió sobre la posibilidad de imponer sanciones si no se produce un avance sustancial antes del 10 de enero de 2026, fecha límite fijada para la entrega de la información. Además, convocó a una nueva audiencia para el 29 de enero, en la que se evaluará el cumplimiento de las órdenes judiciales.

En paralelo, la Argentina espera la resolución de la apelación presentada ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, mientras los demandantes intensifican la presión para ejecutar la sentencia. Analistas advierten que, de no haber avances, el conflicto podría escalar con la imposición de sanciones más severas o la autorización de embargos sobre activos argentinos en el exterior. El caso YPF sigue siendo un frente legal y financiero de alto impacto para el país, con consecuencias que podrían extenderse en el tiempo.