El presidente Javier Milei envió al Senado seis pliegos para la designación de jueces en tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires, en una jugada que busca acelerar la cobertura de vacantes y consolidar el control sobre instancias judiciales clave. Entre los candidatos propuestos destacan Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, un tribunal central en la revisión de causas de corrupción de alto perfil.

La postulación de Bertuzzi y Yadarola concentró la mayor atención, ya que la Sala I interviene en expedientes sensibles como la causa $Libra, que involucra al propio presidente Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Bertuzzi, quien ya integraba la Cámara Federal, concursó para su propio cargo, mientras que Yadarola, juez en lo penal económico, es considerado cercano al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Además de estos dos nombres, el Poder Ejecutivo remitió los pliegos de Valeria Alejandra Rico para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, Santiago Juan Schiopetto y Ramiro Velasco para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6, y Sergio Buitrago para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 26, todos en la Capital Federal.

El proceso de designación requiere el acuerdo del Senado, que deberá analizar los expedientes en la Comisión de Acuerdos y luego someterlos a votación en el recinto. El oficialismo sostiene que la cobertura de vacantes es prioritaria para el funcionamiento del Poder Judicial, mientras que sectores opositores y del ámbito judicial observan con atención la cercanía de algunos candidatos con el Gobierno.

La estrategia de Milei se enmarca en el objetivo de cubrir cerca de 300 vacantes judiciales antes de finalizar el mandato, tras dos años de parálisis en los nombramientos. El recambio en la Cámara Federal responde también a la necesidad de legitimar cargos que habían sido cuestionados por traslados realizados durante la gestión de Mauricio Macri y revisados por la Corte Suprema.

El desenlace dependerá del tratamiento parlamentario y de la capacidad del oficialismo para reunir los consensos necesarios en el Senado, donde la oposición tiene peso decisivo. El avance o rechazo de los pliegos marcará el rumbo de la política judicial en los próximos meses.