El reciente temporal que azotó la provincia de Tucumán dejó un saldo trágico de tres víctimas fatales y abrió un debate sobre la seguridad y la gestión de emergencias en la región. Entre los fallecidos se encuentran Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32, quienes murieron ahogados tras quedar atrapados en su automóvil, arrastrado por la corriente en un camino de Villa Nueva Italia, Tafí Viejo, cuando regresaban de un casamiento. La tercera víctima fue un niño de 12 años, electrocutado al tocar un poste de luz en una plaza inundada de San Miguel de Tucumán.

La familia y amigos de la pareja han iniciado una campaña en redes sociales para recuperar pertenencias personales de Solana, entre ellas un teléfono celular y tres anillos de gran valor sentimental. Según relataron, los objetos fueron vistos por personal de rescate durante las tareas iniciales, pero desaparecieron tras el retiro de los cuerpos. "Necesitamos encontrarlo para recuperar sus recuerdos", expresaron allegados, quienes también ofrecieron una recompensa y difundieron un número de contacto para recibir información.

El director de Defensa Civil municipal, Carlos Cambera, confirmó que el salón de fiestas donde la pareja asistió no contaba con habilitación definitiva. Explicó que el establecimiento tenía un expediente en curso y que la autorización formal solo se obtiene con una resolución final. Además, reconoció la falta de señalización y mantenimiento en el camino terciario donde ocurrió el accidente, y adelantó que el municipio evalúa nuevas medidas de prevención.

El temporal, que dejó más de 150 milímetros de precipitaciones en pocas horas, provocó anegamientos, evacuaciones y serios daños en infraestructura. Las autoridades locales admitieron que el fenómeno climático superó las previsiones y que la alerta debió haber sido de mayor nivel.

Mientras tanto, la comunidad de Tucumán se moviliza para acompañar a las familias afectadas y exigir respuestas sobre la desaparición de pertenencias y la seguridad en la zona. El caso ha puesto en evidencia la necesidad de mejorar la gestión de riesgos y la infraestructura en áreas vulnerables, así como de garantizar la transparencia en los procedimientos de rescate y entrega de objetos personales tras tragedias de este tipo.