El diputado nacional José Luis Espert se encuentra en el centro de una tormenta política y judicial tras la presentación de una denuncia penal en su contra por presuntos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, actualmente detenido y acusado de narcotráfico. La denuncia, impulsada por el dirigente Juan Grabois, sostiene que Espert habría recibido al menos 200.000 dólares de una organización criminal ligada al narcotráfico, según documentación judicial de Estados Unidos y registros de transferencias de fondos.

El caso, radicado en los tribunales federales de San Isidro, podría unificarse con una causa previa en Comodoro Py. La controversia se intensificó cuando diputados de Unión por la Patria y otros bloques presentaron un proyecto de resolución para expulsar a Espert del Congreso y removerlo de la presidencia de la comisión de Presupuesto, argumentando “inhabilidad moral” por los hechos de público conocimiento. Entre las pruebas citadas figuran vuelos en un jet privado y el uso de vehículos facilitados por Machado durante la campaña presidencial de 2019, así como la supuesta falta de declaración de aportes privados.

Excolaboradores de Espert, como José Bonacci, admitieron desprolijidades en la gestión de fondos de campaña, pero negaron haber recibido aportes ilegales y señalaron que la responsabilidad de los aportes privados recaía en otros miembros del equipo. Bonacci remarcó que los recursos estatales fueron rendidos en su totalidad y que no participaron en la obtención de fondos privados.

El presidente Javier Milei salió en defensa de Espert, calificando las acusaciones como “chimentos de peluquería” y atribuyéndolas a una operación política en el marco de la campaña electoral. Milei subrayó que este tipo de denuncias ya habían surgido en elecciones anteriores y pidió esperar el avance de la justicia estadounidense.

Mientras tanto, el debate sobre la continuidad de Espert al frente de la comisión de Presupuesto divide a la oposición y al oficialismo. Algunos sectores consideran que debería apartarse, aunque no necesariamente ceder la presidencia a la oposición. El caso ha reavivado tensiones políticas y pone en duda el futuro de Espert en el Congreso, en un contexto de alta sensibilidad electoral y creciente escrutinio sobre la transparencia en el financiamiento de campañas políticas.