El Gobierno nacional avanzó con una profunda reforma en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO), permitiendo que talleres privados, concesionarias e importadores puedan realizar las inspecciones obligatorias. La medida, oficializada mediante la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte, elimina el esquema cerrado de plantas verificadoras y la regulación nacional de tarifas, apostando a una mayor competencia y mejores precios para los usuarios.

La nueva normativa establece que cualquier taller que cumpla con los requisitos técnicos y legales podrá inscribirse en un registro digital y abierto, gestionado a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Los establecimientos deberán acreditar capacidad técnica, contar con equipamiento específico y designar un director técnico, que deberá ser un ingeniero matriculado. Además, estarán sujetos a auditorías periódicas por parte de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de la tarifa regulada: a partir de ahora, el precio de la revisión será acordado libremente entre el usuario y el taller. El Gobierno espera que la competencia genere una baja en los costos y una mejora en la calidad del servicio. Sin embargo, la implementación efectiva de la reforma dependerá de la adhesión de cada provincia, ya que varias jurisdicciones mantienen regímenes propios. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ya anunció que no adoptará el nuevo esquema, mientras que la Ciudad de Buenos Aires debate su posible incorporación.

En cuanto a los plazos de control, los vehículos particulares 0 km deberán realizar la primera revisión a los cinco años de patentamiento; luego, cada dos años hasta los diez años, y anualmente a partir de entonces. Para vehículos de carga y pasajeros, la primera inspección será al año y luego anualmente.

La reforma generó posturas encontradas. Desde el Gobierno y algunos municipios se destaca la ampliación de la oferta y la reducción de la burocracia. "Que más gente pueda acceder a la revisión técnica con menos burocracia y a menor costo es positivo", afirmó Matías Assennato, secretario de Tránsito de Salta. Sin embargo, asociaciones de seguridad vial y referentes del sector advierten sobre el riesgo de una baja en los estándares de control y el posible aumento de la siniestralidad. Raúl Córdoba, de Estrellas Amarillas Salta, sostuvo: "No estamos de acuerdo. La RTO surge justamente por la cantidad de siniestros viales en los que incide el mantenimiento del vehículo".

El debate sobre la seguridad, la fiscalización y el impacto económico continúa abierto, mientras el Gobierno apuesta a que la apertura del sistema derive en una mayor eficiencia y accesibilidad para los conductores. El futuro de la reforma dependerá, en gran medida, de la capacidad de control y la adhesión de las provincias.