La investigación judicial sobre el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa una semana clave con la declaración de testigos y el análisis de complejas operaciones inmobiliarias. El caso, que se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.

Según la documentación reunida, Adorni habría adquirido dos propiedades mediante préstamos hipotecarios y financiamiento privado. En noviembre de 2024, hipotecó un departamento en Parque Chacabuco para obtener un préstamo de 100.000 dólares, aportado en su mayoría por la comisaria retirada Graciela Molina y su hija Victoria Cancio, ambas de la Policía Federal. Ese dinero se utilizó para comprar una casa en un country de Exaltación de la Cruz. Un año después, Adorni compró un departamento en Caballito, pagando 30.000 dólares de anticipo y financiando el resto con las vendedoras, quienes le extendieron un crédito sin intereses a cancelar en 2026.

La escribana Adriana Nechevenko, quien certificó todas las operaciones, declaró ante la Justicia y explicó que su rol fue presentar a las partes y dar fe de las transacciones. Nechevenko, de perfil bajo hasta ahora, se convirtió en figura mediática tras su exposición en tribunales y en los medios. "Tengo clientes y acerqué a las partes", afirmó, y sostuvo que conoce a Adorni desde hace más de dos décadas, aunque no son amigos.

La fiscalía investiga la trazabilidad y legalidad de los fondos utilizados, así como la capacidad económica de las prestamistas y vendedoras. Se levantó el secreto fiscal sobre las testigos y se solicitó información patrimonial y fiscal a la AFIP. Además, se requirió a las testigos que faciliten el acceso a sus teléfonos celulares para verificar comunicaciones relacionadas con las operaciones.

El caso ha generado repercusión política y mediática, y la opinión pública sigue de cerca el desarrollo de la causa. La Justicia busca determinar si existieron irregularidades en el origen de los fondos y en la cadena de operaciones inmobiliarias, cuyo monto total supera los 300.000 dólares. Las próximas declaraciones serán determinantes para el avance de la investigación y podrían definir el futuro judicial de Adorni.