La Justicia Federal resolvió archivar la causa que investigaba presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos por parte de municipios de Tucumán y otras provincias del norte argentino. La investigación, impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), se centró en el retiro de casi $40.000 millones en efectivo mediante cheques por ventanilla, una práctica considerada de baja trazabilidad y que generó sospechas sobre su posible uso para el financiamiento de campañas electorales.

El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz concluyó que "los hechos analizados no revisten entidad suficiente para habilitar la formulación de cargos", descartando la existencia de delito penal. El dictamen subrayó que la emisión de cheques al portador es una operatoria legal y habitual en la administración pública, aunque advirtió sobre la "displicencia" y la "arbitrariedad" en la disposición de fondos públicos. "No se ha acreditado que los fondos retirados hubieran sido destinados al financiamiento de campañas electorales ni se verifica transferencia hacia estructuras partidarias", afirmó el fiscal.

Durante la pesquisa, se solicitaron informes bancarios, se analizaron patrimonios de funcionarios y se tomaron declaraciones testimoniales. No se detectaron inconsistencias entre los ingresos declarados y los bienes de los involucrados. Sin embargo, el caso del municipio de Juan Bautista Alberdi quedó exceptuado del archivo general, ya que la falta de documentación y registros impidió reconstruir el destino de los fondos. Por este motivo, el expediente fue remitido a otro juzgado federal, donde se investiga a exfuncionarios locales por presuntos delitos de lavado de activos y narcotráfico.

El cierre de la causa para la mayoría de los municipios fue recibido con alivio por el oficialismo provincial, que defendió la transparencia de la gestión. "Presentamos todos los comprobantes y la trazabilidad de los recursos", aseguró el ministro del Interior, Darío Monteros. Por su parte, sectores opositores y medios remarcaron la persistencia de vacíos administrativos y la necesidad de reformas estructurales en la gestión de fondos públicos.

El caso puso en evidencia problemas crónicos de control y rendición de cuentas en la administración municipal, así como la tensión entre la autonomía local y la supervisión provincial. Mientras tanto, la investigación sobre Alberdi continúa, manteniendo la atención sobre posibles delitos más graves y la exigencia de mayor transparencia en el manejo de recursos públicos.