El Consejo de la Magistratura avanzó en el proceso para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal porteña, un tribunal central para la revisión de causas de corrupción y delitos complejos. La sesión, celebrada este jueves, estuvo marcada por la votación de ternas de candidatos para reemplazar a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes habían sido trasladados a ese tribunal por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri en 2017.

La decisión responde a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2020 determinó que los traslados de jueces no son definitivos y que los cargos deben ser concursados para garantizar la estabilidad judicial. El concurso, identificado como N° 461, fue instruido por la Subcomisión B y presidido por los consejeros Vanesa Siley y Diego Barroetaveña, quienes presentaron dictámenes con diferentes ternas de candidatos.

El dictamen mayoritario, impulsado por Barroetaveña, propuso a Fernando Poviña, Agustina Rodríguez y Pablo Yadarola para una de las vacantes, y a Julio Di Giorgio, Cecilia Incardona y el propio Bertuzzi para la otra. Este dictamen obtuvo el respaldo de siete consejeros, mientras que las propuestas de Siley y Maques recibieron dos votos cada una. Todas las ternas serán elevadas al plenario del Consejo, que definirá cuáles serán remitidas al Poder Ejecutivo. Posteriormente, el Ejecutivo deberá seleccionar un candidato por cargo y enviar los pliegos al Senado para su aprobación.

El proceso no estuvo exento de controversias. Bruglia y Bertuzzi presentaron reclamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando discriminación y cuestionando la intervención de funcionarios del Ejecutivo en el concurso. Además, el avance del concurso se produce en un contexto de intensos debates políticos y presiones para cubrir vacantes en el Poder Judicial, especialmente en tribunales clave como la Cámara Federal de Comodoro Py.

La resolución de este concurso tendrá impacto directo en la composición de un tribunal que define el futuro de causas sensibles para el país, incluidas investigaciones por corrupción que involucran a funcionarios actuales y anteriores. El desenlace del proceso será seguido de cerca por el ámbito político y judicial, en un momento de alta tensión institucional.