El retiro del pliego de María Verónica Michelli como jueza federal desató una crisis política y judicial en el oficialismo argentino. El fiscal federal Guillermo Marijuán solicitó la apertura de una investigación penal para determinar si el Poder Ejecutivo incurrió en discriminación al retirar la candidatura de Michelli, quien es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, conocido por sus investigaciones críticas hacia el Gobierno nacional.

La denuncia, presentada el 29 de mayo de 2026 por integrantes de la organización Reset Republicano, sostiene que la decisión de la Casa Rosada no se basó en los antecedentes profesionales de Michelli, sino en su vínculo familiar con Alconada Mon. Según el dictamen fiscal, se busca establecer si existió una exclusión por motivos ajenos a la idoneidad, lo que podría constituir un delito según la Ley 23.592, que prohíbe la discriminación en la función pública.

En este contexto, la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, anunció públicamente que ejercerá su "derecho a la objeción de conciencia" y no apoyará el retiro del pliego. "Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal", expresó Bullrich en sus redes sociales, marcando una clara distancia con la decisión del Ejecutivo. A esta postura se sumó la senadora Carolina Losada, quien ratificó su apoyo al pliego de Michelli y defendió la necesidad de garantizar la independencia y la idoneidad en la Justicia.

El caso ha generado tensiones internas en el oficialismo, exponiendo diferencias entre figuras clave del Gobierno y cuestionamientos sobre la gestión de los nombramientos judiciales. El fiscal Marijuán solicitó al Senado información detallada sobre el trámite del pliego y citó a Alconada Mon como testigo para esclarecer si existió algún tipo de advertencia o comunicación relacionada con el retiro.

La resolución del caso dependerá ahora de un juez federal, quien deberá decidir si avanza con las medidas solicitadas por la fiscalía. De confirmarse que la decisión se basó únicamente en el parentesco de Michelli, el Gobierno podría enfrentar consecuencias políticas y judiciales de relevancia. El episodio se produce en un momento de alta sensibilidad política, con el oficialismo buscando consolidar su imagen y evitar nuevas fracturas internas.