El Gobierno nacional puso en marcha el "Plan Paraná", una estrategia integral destinada a reforzar el control y la seguridad en la Hidrovía Paraná-Paraguay, uno de los corredores fluviales más extensos y estratégicos de Sudamérica. La iniciativa, oficializada el 17 de noviembre de 2025 mediante la Resolución 1307/2025, responde a la creciente preocupación por la vulnerabilidad de esta vía ante el avance de organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y el lavado de activos.

La Hidrovía Paraná-Paraguay conecta el puerto de Asunción con el de Buenos Aires y canaliza un volumen significativo del comercio exterior argentino y regional, con un tráfico diario estimado de hasta 300 barcazas. Esta relevancia logística la convierte también en un espacio propicio para delitos complejos, agravados por la extensión geográfica, la densidad de puertos públicos y privados y las limitaciones tecnológicas de los controles tradicionales.

Frente a este escenario, el Ministerio de Seguridad lanzó el "Plan Paraná" como política pública sostenida, con el objetivo de incrementar la presencia estatal, fortalecer la capacidad de control y neutralizar las actividades ilícitas en la hidrovía y sus zonas de influencia. El plan contempla la utilización de tecnologías avanzadas, como radares, drones, cámaras térmicas, escáneres de contenedores y sistemas de monitoreo en tiempo real, así como la consolidación de un esquema de cooperación interagencial tanto a nivel nacional como internacional.

Entre los objetivos específicos se destacan la desarticulación de redes de contrabando y crimen organizado en la frontera fluvial norte, que abarca las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones; el incremento de controles en puertos públicos y privados del tramo inferior de la hidrovía, especialmente en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires; y el fortalecimiento de la cooperación con organismos multilaterales y agencias extranjeras especializadas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, como la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA), la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la DEA de Estados Unidos y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD-OEA).

La resolución subraya la necesidad de una "estrecha articulación con el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y la Justicia Federal", así como con las policías provinciales, para asegurar la cobertura integral, la detección temprana de maniobras ilícitas y la cooperación operativa en los puntos críticos de la hidrovía. El despliegue del "Plan Paraná" se organizará en fases operativas definidas por polígonos territoriales de intervención sobre la hidrovía, permitiendo una respuesta flexible y dinámica ante la evolución de la criminalidad.

La coordinación general del plan estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Nacional, que podrá designar a un responsable específico para la implementación de las distintas fases de planificación, desplazamiento, ejecución y evaluación. Además, se creó el Comando Unificado "Plan Paraná", integrado por representantes de la Secretaría de Seguridad Nacional, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Un funcionario seleccionado por el titular de la Prefectura Naval Argentina asumirá la coordinación operativa del comando.

El plan prevé la participación de las policías de las provincias involucradas, que podrán designar representantes como enlaces, y la articulación con organismos como la Dirección General de Aduanas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección Nacional de Migraciones y otros entes competentes. También se invita a las autoridades del Ministerio Público Fiscal de la Nación y de las provincias a designar representantes para facilitar los canales de comunicación institucional. Las autoridades consideran que la iniciativa es crucial para combatir el crimen organizado y proteger la seguridad pública y la economía de las regiones involucradas.