La Justicia federal profundiza la investigación sobre Francisco Adorni, diputado bonaerense y hermano del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en declaraciones juradas. El juez Daniel Rafecas ordenó nuevas medidas de prueba para esclarecer el origen y la legitimidad del incremento patrimonial del legislador, en el marco de una causa que también involucra la gestión de un préstamo millonario a la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).

Entre las diligencias dispuestas, el magistrado solicitó informes al Banco Provincia para analizar los pagos realizados entre 2024 y 2026, correspondientes a la cancelación de un crédito hipotecario de 60 millones de pesos. Además, requirió a la Legislatura bonaerense la última declaración jurada de Adorni y pidió al Registro de la Propiedad Inmueble datos sobre dos propiedades específicas. La Justicia también investiga la veracidad de una herencia de 21 millones de pesos incorporada por Adorni tras la apertura de la causa, monto que atribuyó a una sucesión familiar.

El fiscal Guillermo Marijuán acusa a Adorni de omisión maliciosa de documento público y de ocultar cuentas y bienes, señalando que, por su experiencia como perito contador y exfuncionario del Consejo de la Magistratura provincial, conocía en detalle la confección de declaraciones juradas. "La investigación apunta a determinar si el crecimiento patrimonial informado cuenta con respaldo documental", indicaron fuentes judiciales.

En paralelo, la Cámara Federal decidió unificar en los tribunales de Comodoro Py las causas por presuntas irregularidades en un préstamo de 40.000 millones de pesos al IOSFA, vinculando a Adorni con el Instituto de Ayuda Financiera (IAF). La diputada Marcela Pagano había denunciado a Adorni por su rol en el seguimiento y control de ese préstamo, extendiendo la acusación al exministro de Defensa, Luis Petri.

La Sala I de la Cámara Federal, a cargo del juez Leopoldo Bruglia, fundamentó la acumulación de expedientes en la existencia de un mismo contexto fáctico e institucional, y en la necesidad de evitar decisiones contradictorias. El proceso judicial se encuentra en etapa de recopilación de pruebas, a la espera de una definición sobre la situación procesal de Adorni. El caso se suma a otras investigaciones sobre el patrimonio de la familia Adorni y la gestión de fondos públicos, en un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia de los funcionarios.