La obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) atraviesa una de las crisis más profundas de su historia, marcada por denuncias de graves irregularidades administrativas y el colapso de la cobertura médica para sus afiliados. En abril de 2026, el administrador del organismo, coronel mayor Ariel Guzmán, ordenó ampliar una investigación sumaria sobre pagos en exceso y obras no ejecutadas en la delegación Mendoza, con un perjuicio patrimonial estimado en más de $500 millones. La auditoría interna detectó inconsistencias entre los certificados de obra y los trabajos efectivamente realizados, así como fallas estructurales y deficiencias en sistemas sanitarios. La investigación apunta a determinar si existió connivencia entre funcionarios y contratistas, y si hubo responsabilidades en escalas jerárquicas superiores.

Mientras tanto, la situación de los afiliados se ha vuelto desesperante. En provincias como San Juan, más de 7.000 beneficiarios denuncian la suspensión de prestaciones, cirugías y la falta de insumos básicos. Casos como el de pacientes oncológicos o personas mayores que no pueden acceder a intervenciones vitales ilustran el nivel de desamparo. Los reintegros por pagos particulares pueden demorar hasta seis meses, y la deuda total de la obra social supera los $200.000 millones, con un déficit mensual de $15.000 millones.

El Congreso, a través de la diputada Agustina Propato, presentó un pedido de informes al Ministerio de Defensa para esclarecer el manejo de recursos, la contratación de consultorías privadas y la posible venta de bienes patrimoniales. Propato calificó la situación como de “absoluto quebranto” y advirtió sobre la pérdida de cobertura para miles de familias militares.

El Gobierno nacional dispuso la liquidación de IOSFA y la creación de nuevas entidades (OSFA y OSFFESEG), pero la transición no ha garantizado la continuidad de la asistencia médica. Mientras tanto, los afiliados exigen soluciones urgentes y denuncian que siguen sufriendo descuentos compulsivos por un servicio que no reciben. La crisis de IOSFA pone en jaque la salud y el bienestar de una parte significativa de la comunidad militar argentina, mientras la investigación sobre las irregularidades administrativas continúa y el futuro del sistema de salud castrense permanece incierto.