La planta de pisos cerámicos ILVA, ubicada en el Parque Industrial de Pilar, cerró sus puertas a comienzos de septiembre, dejando a más de 300 empleados sin trabajo y desatando un conflicto laboral que se mantiene sin resolución. El cierre, atribuido por la empresa a la caída de ventas, la apertura de importaciones y el contexto macroeconómico adverso, generó una ola de protestas y cortes de ruta por parte de los trabajadores despedidos, quienes reclaman el pago de indemnizaciones y salarios adeudados.

Según fuentes sindicales y gubernamentales, la empresa comunicó el cierre a fines de agosto y formalizó los despidos en septiembre, invocando el artículo 247 para abonar solo la mitad de las indemnizaciones, aunque ni siquiera esa suma fue efectivamente pagada. Los empleados, muchos con más de 20 años de antigüedad, denuncian que la compañía presiona para aceptar retiros voluntarios en condiciones desfavorables y que busca reabrir la planta con personal bajo contratos más precarios.

El conflicto escaló con la intervención de la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina (FOCRA), que organizó manifestaciones frente a la Unión Industrial Argentina (UIA) y denunció la situación ante autoridades provinciales y nacionales. La conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense no logró acercar posiciones: la empresa no presentó propuestas de pago y los trabajadores continúan sin percibir sus haberes desde agosto.

El gobernador Axel Kicillof y el intendente de Pilar, Federico Achával, visitaron a los trabajadores y expresaron su apoyo, comprometiéndose a impulsar gestiones para resguardar los empleos y la capacidad productiva local. "Estamos del lado de los trabajadores y vamos a acompañarlos para defender cada puesto de trabajo", afirmó Kicillof durante una de las protestas.

La crisis de ILVA se inscribe en un contexto más amplio de retracción del sector ceramista, con ventas que cayeron entre 25% y 30% y una mayor competencia de productos importados. Otros cierres recientes en la zona, como el de la multinacional Magnera, agravan la preocupación por el empleo industrial en Pilar. Gremios y trabajadores advierten que el caso ILVA puede sentar un precedente negativo para la industria nacional y reclaman una intervención más activa del Estado para evitar nuevos despidos y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales.