En la madrugada del jueves, un vuelo especial de la empresa Omni Air International aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza trayendo a diez ciudadanos argentinos deportados desde Estados Unidos. El operativo, coordinado por la Cancillería argentina, se realizó con discreción y sin incidentes, permitiendo el reencuentro de los deportados con sus familiares en la terminal privada del aeropuerto.

La mitad de los repatriados no tenía antecedentes penales, mientras que los otros cinco presentaban causas por delitos como robo, agresión y tráfico. Según relataron los propios deportados, la decisión de expulsión se basó principalmente en su estatus migratorio irregular, en el marco de una política migratoria más estricta impulsada por la administración de Donald Trump. El vuelo partió de Texas, realizó escalas en Luisiana, Bogotá y Belo Horizonte, y fue el primero de su tipo fletado exclusivamente para deportaciones de argentinos.

Maximiliano García, uno de los deportados, contó que vivía en Estados Unidos desde 2001, tenía permiso de trabajo y número de seguro social, pero fue detenido por una orden de deportación de 2015 de la que nunca fue notificado. "A los ojos de ellos, nosotros somos criminales", expresó, lamentando la separación de su familia, que permanece en Florida. Mario Robles, otro de los repatriados, relató que fue detenido tras cruzar la frontera desde México y que su esposa e hija quedaron en ese país. "No somos criminales, solo vamos por el sueño americano", afirmó.

El embajador argentino en Washington, Alejandro Oxenford, minimizó la cantidad de argentinos afectados y justificó la potestad de Estados Unidos para decidir sobre migrantes irregulares. "El número argentino es infinitésimo", señaló, y agregó que la expulsión es un tema que compete a las autoridades estadounidenses.

El gobierno argentino evitó realizar reclamos públicos para no tensar la relación bilateral, en un contexto donde se negocia el ingreso de Argentina al Visa Waiver Program. Mientras tanto, la política migratoria estadounidense continúa endureciéndose, afectando incluso a residentes legales y generando preocupación entre la comunidad argentina en el exterior. El impacto social y familiar de estas deportaciones ha sido señalado tanto por los propios afectados como por organizaciones y medios de comunicación.